Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes, según denunció hoy en Ginebra el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
“Cuantas desapariciones forzadas hay no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dijo en sus conclusiones que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, muchas de las cuales “podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que enfrenta Méxicoen materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, concluye.
Durante la evaluación del caso de México, los días 2 y 3 de este mes, el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), surgió en varios momentos del interrogatorio y los relatores hicieron hincapié en que era un caso muy emblemático y un ejemplo de un problema lamentablemente mayor.
Huhle añadió que del estudio del caso de México se desprende que “en más de la mitad de los estados del país se han dado casos de este atroz delito” y recordó que las denuncias no son recientes, sino que se remontan a varios años atrás.
“Es por eso que hablamos de impunidad. Porque es un problema de años y el Estado no ha hecho suficiente para resolver”, agregó.
Las conclusiones explican que “el Comité se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”.
“Las cifras hablan por sí mismas si tenemos en cuenta que hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y sólo seis personas han sido condenadas”, puntualizó el experto.
“Repito, hablamos de miles de desapariciones, el Estado no debería buscar excusas y debería implementar de inmediato todas nuestras recomendaciones”, agregó.
En sus conclusiones, el Comité manifestó su preocupación por la falta de reglamento en la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNDPED) ”así como el hecho de que el registro no incluye información que permita determinar si la persona pudo haber sido sometida a desaparición forzada”.
Dicho registro debería contener como mínimo, explica el Comité: reflejar de manera exhaustiva todos los casos de desaparecidos, incluyendo su sexo, edad, lugar y fecha de desaparición, además de incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada.
México ”debería adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”, dijo el Comité.
Instó también al Estado mexicano a adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que a la mayor brevedad posible la desaparición forzada sea tipificada, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo que se ajuste a la definición contenida en el artículo 2 de la Convención y que prevea penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.
Lo anterior, ya que observó “con preocupación” que algunas de las legislaciones mexicanas no tipifican el delito y aquellas que lo hacen prevén penas disímiles y definiciones que no se ajustan a la Convención.
Además expresó su preocupación por el lento progreso en materia de reparación del daño a víctimas de desaparición forzada durante el período conocido como “Guerra Sucia”, por ello instó a intensificar los esfuerzos con miras a investigar todos los casos de desaparición forzada que fueron perpetrados durante este periodo además de a los presuntos autores enjuiciados.
Pidió localizar, y en caso del fallecimiento identificar, a la mayor brevedad posible a todas las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada durante 1960 y 1970. Además de garantizar el derecho a la verdad respecto a lo ocurrido en esos años
En la conferencia Huhle dijo que México debe redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de emigrantes que cruzan su territorio “en busca del paraíso más allá del Río Grande”.
Dijo que en “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.
“Sorprende la falta de unidades científicas y forenses para buscar a los desaparecidos”, dijo Luciano Hazan, el segundo de los relatores. Otra de las recomendaciones “alienta enérgicamente” a México a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar denuncias presentadas por individuos.
El documento también sugiere “la necesidad de adoptar medidas para asegurar que, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y la práctica se ajusten plenamente a las obligaciones consagradas en la Convención”, dado que no todos los estados la incluyen en su normativa.
Finalmente, los expertos del Comité de la ONU solicitan, además, que la legislación prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos.
Con Información de Sin Embargo
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