Ante la continuación del debate y votación de las 17 leyes secundarias en materia energética, uno de los temas que más controversia ha causado es el que involucra el despojo de tierras comunales, ejidales y hasta públicas, con tal de favorecer a las empresas nacionales y trasnacionales en cuanto a los contratos o concesiones de explotación petrolera, pues de esta manera dichos territorios podrán ser declarados de utilidad pública, permitiendo así su expropiación.
A pesar de la intervención panista en los artículos que se refieren a este tema, ahora el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle, declaró que las nuevas modificaciones incluirán retirar el apartado de expropiación de la Ley de Hidrocarburos.
Asimismo, mencionó que los dueños de predios estratégicos para la explotación de petróleo, contarán con la posibilidad de acordar rentar sus tierras, ser contratados como empleados o recibir un porcentaje de las ganancias obtenidas por las empresas petroleras.
Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se han unido a esta “salida”, réplica necesaria ante el descontento que se ha extendido en la población mexicana.
Sin embargo, los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se han manifestado en contra, al considerar que se trata de una especie de disfraz para el esquema que, en realidad, pretende una regresión hacia el escenario rural previo a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Es decir, convertir otra vez a los dueños de la tierra, en peones acasillados al servicio de las empresas extranjeras, según expresó el senador Alejandro Encinas.
Es por esto que la bancada perredista, liderada por Miguel Barbosa, propone modificar los artículos 91, 95 y 102 de la Ley de Hidrocarburos; además del artículo 33 de la Ley de Órganos Reguladores del Sector Energético; y el artículo 4 de la Ley de Energía Geotérmica, pues éstos son los responsables de dejar a ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas sin amparo alguno, forzándolos a negociar con las compañías que estén detrás del petróleo mexicano.
Por su parte, Dolores Padierna, también del PRD, destacó que la reforma propuesta por Enrique Peña Nieto arrebatará la soberanía energética del país, y que aparte golpeará el derecho de la propiedad privada, comunal e indígena.
Los pagos a los dueños de tierras, bosques y aguas, según dicta la legislación energética, podrán ser “en especie” o mediante compromisos de contratación para él o sus familiares, lo cual fue considerado por Padierna como una reincorporación de la esclavitud en México.
De igual forma, el 100 por ciento del territorio nacional y del mar patrimonial, quedará a la disposición del presidente de la República, para la explotación de petróleo y gas, debido a que la industria de hidrocarburos ha sido catalogada dentro de la utilidad pública, dándole así preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie del subsuelo mexicano.
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