(16 de octubre, 2014).- A dos semanas de los trágicos sucesos ocurridos la noche y madrugada del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, siguen sin ser hallados los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron plagiados. Los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, no corresponden al ADN de los familiares de los estudiantes desaparecidos, según peritaje a cargo de la Procuraduría General de la República.
El gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los siete diputados miembros de la comisión especial para dar seguimiento a este dramático caso. Se acordó que la prioridad es encontrar a los muchachos inexplicablemente desaparecidos y se afirmó que la investigación “no debe politizarse”. Fueron detenidos otros 14 policías municipales de Cocula, presuntamente involucrados en el secuestro, mientras sigue prófugo el principal implicado, el ex presidente municipal José Luis Abarca. Ni que decir tiene que el futuro del régimen depende de la solución de este lamentable asunto.
En tanto crece la protesta internacional por los normalistas muertos y desaparecidosen Iguala, en el país se siguen sumando instituciones de educación superior que protestan por los abusos contra los estudiantes más pobres, como lo evidencia la situación prevaleciente desde hace años en normales rurales de Guerrero y Oaxaca, principalmente. Varias facultades de la UNAM, del IPN y de la UAM acordaron llevar a cabo diversos actos de protesta, por separado. Incluso universidades privadas han realizado eventos solidarios, como la Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
La ingobernabilidad en Guerrero podría desbordarse si no se actúa con un elemental sentido de justicia. Aun cuando son condenables actos de vandalismo, como la quema del palacio de gobierno de Chilpancingo y la sede del ayuntamiento, es comprensible el enojo de los normalistas, quienes han sido víctimas de incontables abusos. El estado de derecho está en grave riesgo, de no comprenderse la necesidad de justicia para las clases mayoritarias.
Si los problemas políticos que sufre el país son graves, los económicos no van a la zaga. Hay claros indicios, tales como baja en el consumo de gasolinas, en el consumo de alimentos básicos y el desplome del gasto en los hogares, de acuerdo con el Inegi. Sin embargo, lo más preocupante es que la situación podría empeorar, pues los precios internacionales del crudo mexicano van a la baja. El martes se ubicó el precio del barril en 77.09 dólares, cuando el precio presupuestado para el 2015 fue de 82 dólares.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que tal tendencia continúe, de ahí que Venezuela convocara a la OPEP a citar a una reunión urgente a sus miembros. Mientras tanto sigue el descrédito de México en los ámbitos financieros: Se descubrió un nuevo fraude a Citigroup, ajeno al muy publicitado caso de Oceanografía, que se llevó a cabo en una empresa de seguridad de Banamex, por la cantidad de 15 millones de dólares. Si bien dicho monto no es cuantioso, “la conducta de las personas involucradas es deplorable”, afirmó Michael Corbet, director general de Citigroup.
Este es un apretado resumen de la actualidad nacional, que presagia situaciones indeseables porque el grupo en el poder no tiene una mínima voluntad política para enfrentar los problemas, sino simplemente darles la vuelta. Confía que la ciudadanía se desentienda de la realidad nacional por estar metida de lleno en sus propios problemas cotidianos, de por sí muy graves. Sin embargo, en las actuales condiciones del país no se observan posibilidades de que una cosa así pueda suceder: el peso de la realidad es tan apabullante que es inverosímil que las familias depauperadas no hagan caso de lo que le ocurre al país.
Sobre todo porque el régimen seguirá con su vocación encubridora de las depredaciones que lleva a cabo la élite de la oligarquía, origen fundamental de los agudos problemas que estamos padeciendo, agravados por la desenfrenada corrupción y la creciente impunidad alimentada por un cinismo inconcebible en una sociedad donde impere un elemental Estado de derecho. Bien dijo en su tiempo José López Portillo, que el día en que la clase política se dejara llevar por el cinismo el sistema se derrumbaría: es lo que nos está sucediendo, para beneplácito de los poderes fácticos que anhelan ser hegemónicos en el suelo patrio.
Fuente: Revolución 3.0
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