Morelia, Michoacán.-El beneficio de la reforma energética será solo para los países del extranjero, más no para los mexicanos, pues la riqueza que rodea al país será transferida a otros países, dejando más pobre al pobre.
Cabe recordar que el pasado 11 de agosto Enrique Peña Nieto promulgó las 21 leyes secundarias en materia energética donde se aprobó un régimen ventajoso para las empresas extranjeras y nacionales que explotarán los hidrocarburos.
Estas serán menores a las que se aplican en el mercado mundial, ya que sólo se pagarán regalías por un porcentaje cercano al 14 por ciento, el cual estará exento de IVA.
Además, se podrá deducir costos y mediante la figura de licencias y contratos de producción compartida, el total del crudo extraído podrá quedarse en manos de las empresas.
La revista Forbes publica 10 consecuencias económicas que esta reforma y sus leyes secundarias:
1. Rápido agotamiento de reservas petroleras. La extracción petrolera aumentará la producción petrolera, sin embargo agotará más rápido las reservas de petróleo, estás durarían más de 10 años, pero con la reforma este tiempo disminuirá.
2. Se pierde la oportunidad de empujar la productividad de la economía. Siendo estratégicos, el petróleo serviría para el desarrollo económico de país, para aumentar la competitividad de la industria nacional por medio del abastecimiento barato de insumos derivados de hidrocarburos al resto de la industria mexicana.
3. Aumenta la carga fiscal a Pemex. El aumento de la carga fiscal se puede observar en lo dispuesto: i) en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo; ii) en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y iii) en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de este paquete de leyes secundarias.
Ahora Pemex contribuirá al menos con el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto a fin de que continúe sosteniendo cerca de la tercera parte del presupuesto federal. Entonces, ¿dónde está la presunta descarga fiscal a Pemex de la que tanto se ha alardeado en el discurso oficial?
4. No se generarán empresas nacionales significativamente. La mayor parte de empresas en el sector energético serán extranjeras. Igualmente, al no existir actualmente un sector bancario nacional con la capacidad financiera requerida para respaldar las inversiones previstas, habrá una influencia creciente de instituciones financieras extranjeras en el sector.
5. No aumentarán significativamente el nivel actividad económica y de generación de empleos. La renta petrolera representa el 6.8 por ciento del PIB², por lo que aun aumentando la producción como lo proyecta el gobierno federal, esto no incidirá significativamente en la tasa de crecimiento del PIB.
6. Aumentará la concentración del ingreso y habrá transferencia de riqueza al extranjero. La Ley de Hidrocarburos prevé requisitos para la asignación de contratos que difícilmente cumplirían empresas nacionales (incluyendo al propio Pemex).
Muy pocas empresas mexicanas realizarían actividades en el sector con los perfiles requeridos. Unas pocas empresas –en su mayoría extranjeras– generarían utilidades, pero las transferirán a sus matrices en el extranjero.
Las consecuencias en todos los países donde se han implementado reformas como ésta son: aumento de la pobreza, pérdida de control gubernamental, desmantelamiento de la industria nacional, fuga de capitales, destrucción del patrimonio nacional (incluyendo el medio ambiente), intervención extranjera, entre otras consecuencias. Véanse los casos de: Nigeria, Kazajstán, Ceylán, Egipto, Irán, Libia, India, Paquistán, Chad, Camerún, entre otros³.
7. El gasto público continuará destinándose mayoritariamente a gasto corriente. Aun cuando partes de esta legislación prevén destinar ingresos petroleros a fondos de inversión, estos fondos ocupan un bajo porcentaje de estos ingresos comparado con el porcentaje destinado a gasto corriente. Por lo anterior, el impacto de las inversiones seguirá siendo bajo.
8. No se generará ahorro de largo plazo por ingresos petroleros y muy probable aumentará la deuda pública. Las condiciones –prácticamente imposibles de alcanzar– en las que podría generarse ahorro de largo plazo de los ingresos petroleros previstas en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, así como las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por su parte, la Ley General de Deuda Pública da autonomía de endeudamiento a Pemex, a lo cual recurrirá constantemente, pues no dispondrá de sus utilidades.
9. No contribuirá a reducir la pobreza, y una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza pueden dispararse. Esta reforma podrá contener por algún tiempo el aumento en los niveles actuales de pobreza, en tanto el gobierno pueda continuar recargándose fiscalmente en Pemex. Sin embargo, a medida que la producción de Pemex decline y las multinacionales hagan efectivas las benévolas condiciones de sus contratos, el gobierno federal no dispondrá de más ingresos petroleros. Esa brecha presupuestal impedirá disponer de recursos para evitar que se disparen aún más los niveles de pobreza en el país.
10. Se desaprovecharán recursos para atacar los determinantes estructurales de la pobreza en México. Esta reforma, al igual que el resto de la política económica y social del país, carece de mecanismos que ataquen los determinantes estructurales de la pobreza. La legislación secundaria no tiene una conexión con inversiones en la reducción estructural de la pobreza.
A lo anterior se suma el debilitamiento de la industria nacional (proveedora de empleos), la incertidumbre de los precios de los energéticos para los sectores social y productivo, debido a que la fijación de precios quedará fuera del alcance regulatorio gubernamental, y de condiciones laborales precarias e inciertas para los trabajadores. La insostenibilidad financiera de los programas sociales será, entonces, el callejón sin salida en el que nos habrá metido esta reforma.
Fuente: Animalpolítico.com
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