En el mes de enero de 2013, la administración de Enrique Peña daba visos sobre el seguimiento a los casos de desapariciones, al prometer un padrón serio que permitiera conocer la realidad de esa situación.
A más de un año de eso, activistas, especialistas y familiares señalaron que no se ha dado seguimiento a la lista de más de 26 mil casos de personas cuyo paradero es desconocido.
Pese a que la promesa de Peña Nieto, respondió a un llamado por parte de la organización Human Rights Watch, que urgió la elaboración de una base de datos que debería estar acompañada de investigaciones rigurosas para determinar el destino de las miles de personas cuyo paradero aún se desconoce.
Y es que, hasta finales del 2012, se tenía registro de al menos 26 mil 121 nombres de personas desaparecidas, de una larga lista heredada desde el sexenio de Felipe Calderón, casos cuyos expediente no estaban debidamente documentados.
Por ejemplo, según reportes oficiales, que el 40 por ciento de los casos registrados no tenían averiguación previa o simplemente contaban con el acta circunstanciada, lo que representaría que casi 13 mil casos no cuentan con ninguna investigación en curso.
Según la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) tenía a su cargo el 13 por ciento de los casos de la lista general mencionada, y de ese porcentaje más de la mitad no contaba con averiguación previa ni acta circunstanciada, evidenció el diario La Jornada.
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