Dos mujeres que fueron testigos del supuesto enfrentamiento entre el Ejército y un grupo de presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y que dejaron un saldo de 22 muertos, están en la cárcel desde el 14 de agosto acusadas por tráfico de armas.
Y la principal testigo de la PGR para detenerlas es Julia, la mujer que declaró a la revista Esquire que el Ejército había asesinado a 21 de los 22 jóvenes, a pesar de que éstos se habían rendido.
Julia, como ahora se le conoce para resguardar su identidad, declaró contra estas dos mujeres ante un juez el 10 de agosto pasado. Y la PGR le dio trato de testigo protegida, aunque ahora sólo le ofrece “garantías de protección”.
Según el expediente, al que tuvo acceso Animal Político, de las tres “rescatadas” sólo Julia había estado realmente secuestrada.
Esta mujer declaró ante el juez que las otras dos habían fingido que estaban retenidas, cuando en realidad pertenecían al grupo armado que, según el Ejército, se les enfrentó en el municipio de la tierra caliente mexiquense el 30 de junio pasado.
Con base en esta declaración, la PGR las consignó por el delito de tráfico y acopio de armas y posesión de cartuchos reservados para uso del Ejército armado y Fuerza Aérea ante el Juez Cuarto de Distrito con sede en el Estado de México, quien bajo la causa penal 58/2014 les decretó auto de formal prisión, el pasado 14 de agosto.
Hasta el momento, la PGR considera como una testigo clave a Julia, quien al rendir su declaración no hizo referencia a la versión que le ofreció a Esquire sobre los hechos de Tlatlaya, según la cual los militares mataron a los jóvenes.
Ahora, la PGR buscará reconstruir lo sucedido en Tlatlaya con los testimonios de las tres testigos que sobrevivieron. Y quiere revisar el testimonio de las dos detenidas para definir si Julia también debe ser arrestada. En el expediente, la PGR no explica por qué liberó a Julia, a pesar de que ella misma reconoció haber fingido su secuestro.
La historia inició horas después del supuesto enfrentamiento. Julia, quien había dicho que era víctima de secuestro, había sido liberada, pero el Ministerio Público la citó para rendir una declaración como víctima, según consta en el expediente al que tuvo acceso Animal Político.
En su declaración dijo que las otras dos mujeres que fueron liberadas conocían bien las operaciones del grupo abatido y que, incluso, una de ellas era familiar de uno de los hombres abatidos.
La declaración de Julia no fue tomada en cuenta de forma inmediata, pues la PGR mantuvo bajo investigación a las tres víctimas, es decir, a Julia y a las otras dos mujeres rescatadas por el Ejército Mexicano, durante las dos primeras semanas.
Fue así que inició una averiguación previa en las que las tres víctimas fueron consideradas como sospechosas. Tras varias declaraciones e investigaciones del Ministerio Público no se logró acreditar que Julia perteneciera o tuviera relación con el grupo, por lo que se le ofreció ser testigo de cargo en contra de Cynthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos, las dos mujeres rescatadas ese mismo día.
En su declaración, ante el Juez Cuarto de Distrito del Estado de México y ya como testigo de la PGR, Julia detalló que ambas mujeres estuvieron conviviendo durante horas con el grupo armado y que al percatarse de la presencia de los militares, les pidieron a sus compañeros que las amarraran para aparentar que eran víctimas.
Julia explicó que ellas ayudaban a repartir las armas, pero principalmente los cartuchos a cada uno de los hombres armados que horas después fueron abatidos por el Ejército mexicano. En su declaración, Julia detalló que estas mujeres ponían orden al interior del inmueble que utilizaba de refugió este grupo y en donde posteriormente fueron asesinados.
La testigo de la PGR aseguró incluso que, segundos antes de que llegaran al inmueble los militares, escuchó cómo ambas mujeres pidieron simular estar como víctimas para evitar ser detenidas.
Por su parte, ambas mujeres al escuchar el testimonio de Julia, reconocieron ante el juez Cuarto de Distrito ser parte de una organización delictiva y confirmaron que sí habían fingido su secuestro.
De acusadas a testigos
Ahora para esclarecer los sucesos de Tlatlaya, la PGR buscará en un penal federal a Cynthia Estefani Nava y Patricia Morales para que cuenten su versión de los hechos y ahora ellas sean las testigos que determinen si en realidad la versión de Julia se apega a los hechos.
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