(28 de agosto, 2014).- Tanto la Tribu Yaqui como la sección 65 del sindicato de mineros de Cananea, en Sonora, se unen en contra de los megaproyectos de la entidad, toda vez así como ocurrió a principios del siglo XX, sus derechos humanos y legales han sido violentados por los gobiernos estatal y federal.
Los trabajadores e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, han bloqueado el paso del tren que suministra de materiales a la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México.
Esto a raíz del derrame de 40 mil litros de ácido sulfúrico que, de acuerdo con las autoridades, contaminaron los caudales de los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que ha afectado a más 22 mil habitantes de la región.
Esta “negligencia”, afirman los sindicalizados, fue consecuencia del mal manejo de residuos peligrosos por trabajadores de nueva contratación, quienes, no cuentan con la experiencia y capacitación requerida.
La sección 65 del sindicato demanda la revocación de la concesión minera a Grupo México, empresa presidida por Germán Larrea Mota-Velasco, el segundo hombre más rico de México, el 58 a nivel mundial de acuerdo con el ranking 2014 de la revista Forbes.
Cabe recordar que esta empresa, de la cual Germán Larrea es el socio mayoritario, era la concesionaria de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde en febrero de 2006 fallecieron 65 mineros, sin que exista hasta la fecha una investigación clara y se hayan deslindado responsabilidades.
Larrea amasó su fortuna, principalmente durante los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, en ese año, la policía federal desalojó a los trabajadores y resguardó las instalaciones de la minera Pasta de Conchos, anulando el derecho de huelga de los trabajadores, ante la tragedia que arrebató la vida a 65 de sus compañeros.
Esta vez, Grupo México, alegó que el derrame –que ocasionó la muerte de flora y fauna del lugar, afectaciones a la gricultura y ganadería, y la suspensión del inició del ciclo escolar en 88 escuelas de la zona–, había sido consecuencia de lluvias inusuales en la zona.
El día de ayer, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), resolvieron que el derrame de ácido sulfúrico y la contaminación de los ríos Sonora y Banuchi, son responsabilidad de Grupo México, la cual podría enfrentar multas por 500 millones, más lo que se acumule.
Asimismo la Tribu Yaqui, demanda la suspensión de la operación del Acueducto Independencia que desde 2010 el gobierno de la entidad, licitó y concesionó al Fondo de Operación de Obras Sonora Sí (FOOSI) el trasvase de la presa “El Novillo”, de alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la Cuenta del Río Yaqui a la Cuenca del Río Sonora.
En reiteradas ocasiones los ocho pueblos que conforman la Tribu Yaqui, han denunciado que este megaproyecto condena a este pueblo originario a su desaparición, un hecho al que especialistas han denominado como genocidio; toda vez que se les priva del derecho al agua, no sólo para consumo humano, sino también para la agricultura y la ganadería, formas principales de sustento de las comunidades que se ubican a lo largo del río.
Echando atrás en la historia, tanto la huelga de Cananea en 1906, como la resistencia bélica del pueblo yaqui al exterminio perpetrado durante la dictadura de Porfirio Díaz, fueron acontecimientos clave que desencadenaron la Revolución Mexicana.
Guerra en la que se deportó de Sonora a centenares de indígenas yaquis a las haciendas henequeras de Yucatán en donde fueron esclavizados.
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