Sin importar que apenas sumaran 150 consiguieron lo que querían: evidenciar que como en cualquier guerra, todos pierden. Son familiares y simpatizantes de militares que por primera vez salen su defensa; portan pancartas y playeras con la leyenda #Yosoy26, el hashtag que identifica al movimiento en apoyo a los 25 militares involucrados en la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México el pasado 30 de junio. Es la primera vez que los reclamos entre militares no se queda en los cuarteles.
Acordaron reunirse afuera de la Catedral Metropolitana para emprender una marcha hacia Los Pinos para que todos escuchen que los militares “son personas que tienen familias”, que trabajan en condiciones difíciles y no merecen ser criminalizados, dice Magdalena, la madre de un teniente adscrito en Morelos.
Ana Lucía Zavala, presidenta de la Organización Nacional Humanista por el Progreso Social, organizó la manifestación para pedir un trato justo a los elementos involucrados en el caso Tlatlaya, pues está convencida de que aún hay mucho por saber, sobre todo en lo referente al testimonio de la única sobreviviente del ataque, que se hizo público en la revista Esquirecy que echó por tierra la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional de que había sido un “enfrentamiento” entre sus elementos y presuntos secuestradores.
“Cualquier persona sabe que ¿si los soldados fueran unos malandros hubieran sido tan tontos de dejarla viva? Esa persona era parte o la están usando. Ella misma se ha contradicho tres veces, lo dijo el procurador (Jesús Murillo Karam)”, dice. Luego explica que no es familiar de ningún militar, pero “he sido beneficiada por la tropa, la que se rifa y lucha para que esto no esté tan feo”.
César Gutiérrez Priego es hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el primer militar mexicano de alto rango en ser encarcelado por vínculos con el narcotráfico,pero de cuya sentencia -afirma- fue “incorrecta”, por ello, dice, creó la fundación con el nombre de su padre para evitar injusticias contra militares.
Agrega que para hacer justicia en el caso del Estado de México la investigación debía ser más amplia. “Si vamos a ser tan puristas al decir que hubo una omisión de por parte del personal de tropa y del oficial, forzosamente tuvo que haberlo por el comandante de batallón, de zona y las instituciones como Procuraduría General de Justicia Militar, la cual debió haber abierto una averiguación previa forzosamente en todos los hechos de sangre y no la llevó a cabo. No veo a ningún general, teniente coronel”, dice.
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