Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- La organización internacional defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto esclarecer e investigar a fondo la muerte de 22 civiles a manos de elementos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, ocurrido el pasado 30 de junio durante un enfrentamiento.
En un comunicado de prensa, el organismo, con sede en Nueva York, señaló que “han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”.
Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular”.
La exigencia de HRW es que el gobierno federal asuma una posición imparcial y efectiva para esclarecer los hechos.
El organismo precisa que si bien un comunicado de prensa sobre el incidente y otras fuentes oficiales indicaron que los soldados respondieron a disparos de los civiles, “información creíble que trascendió con respecto a las evidencias forenses halladas en el lugar sugiere que los soldados habrían recurrido a un uso excesivo de la fuerza”.
Añade que la investigación penal del incidente está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), conforme indicó una fuente oficial a Human Rights Watch el 18 de agosto, sin embargo, los nombres de las víctimas fatales y el estado de avance de la investigación aún no han sido informados por las autoridades.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW refiere que el 1 de julio, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, manifestó que los soldados “en legítima defensa abatieron a los delincuentes”.
Sin embargo, un periodista de Associated Press que visitó la zona tres días después del incidente señaló en un artículo publicado el 8 de julio que había “escasa evidencia de que se hubiera producido un intenso enfrentamiento”, y que solamente encontró unos pocos orificios de bala en las paredes del depósito donde los soldados habrían disparado a los civiles en el enfrentamiento.
Revela que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también visitó el lugar y documentó el caso. Associated Press informó que dos miembros de ACNUDH habían expresado que no encontraron signos de balas perdidas como las que deberían haber dejado los soldados si hubieran disparado sus armas automáticas desde una cierta distancia.
El organismo le recuerda al gobierno mexicano que el Manual del Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas, adoptado por el Secretario de Defensa y el Secretario de Marina en mayo, indica que “El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”.
El director para las Américas de HRW indica que el gobierno de Peña Nieto deberá demostrar que se propone seriamente asegurar que estos principios sean respetados por militares, e “investigar de manera exhaustiva los casos en que se sospeche que no lo han hecho”.
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