(17 de septiembre, 2014).- La inesperada muerte de Edwin Chota, un activista peruano, junto a otros tres indígenas de la comunidad Ashaninka en la región de Ucayali, saco a la luz nuevamente las amenazas que representan el mercado de la tala ilegal y el tráfico de madera en América Latina, especialmente por las sospechas de que el líder agrario fue asesinado por madereros clandestinos.
Aunque el incidente suscitado el primero de septiembre, atrajo la atención de los medios internacionales y la sociedad peruana, todavía no se esclarece del todo. Según versiones periodísticas, antes de morir, las víctimas se dirigían a un encuentro con otros jefes Ashaninka en Brasil, con el propósito de diseñar una estrategia y detener la tala ilegal de árboles, así como el narcotráfico.
Sin embargo, otras versiones indican que los hombres se dirigían a pie rumbo a una comunidad indígena en Brasil, tras lo cual fueron hallados sin vida. Aunque un tercer testimonio de parte de un líder local, quizá la versión más polémica, señala que los occisos fueron secuestrados por un grupo de madereros ilegales, para luego ejecutarlos en una cancha deportiva de la zona frente a algunos pobladores.
Tras el lastimoso hecho, el pasado 9 de septiembre el mandatario peruano Ollanta Humala hizo público que elementos de la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura, iniciarían las pesquisas para esclarecer el asesinato del activista -quien también buscaba ganar propiedades para la comunidad indígenas- así como la de sus acompañantes, e incluso señaló a la “mafia” de la madera como los principales sospechosos.
Paralelamente, un alto funcionario de Environmental Investigation Agency, grupo famoso por sus labores de preservación ambiental, afirmó a medios locales que Chota y los otros tres líderes Ashaninka muertos habían recibido previamente amenazas de muerte, situación que los orilló a solicitar medidas de protección al gobierno de Humala.
Al margen de que la justicia peruana encuentre a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, el caso de Chota exhibe el incesante peligro que corren todas aquellas personas que intentan frenar el ecotráfico en Latinoamérica, donde es conocido el lucrativo negocio de los traficantes a costa del medio ambiente.
Brasil por ejemplo, es el país más peligroso en todo el mundo para los activistas ecológicos, mientras que Perú se ubica en el cuarto sitio de la clasificación. Si bien, en estos países (y otros de América Latina), las muertes están vinculadas con la disputa de territorios entre grupos criminales, las mafias dedicadas a los crímenes contra la naturaleza también son participes de sendos actos violentos.
En su carácter de gran exportador de madera dura, Perú está expuesto a la tala ilegal, tal como lo demostró el Banco Mundial en un estudio de 2012, donde determinó que aproximadamente el 80 por ciento de sus exportaciones se realizaban fuera de la ley.
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