(09 de agosto, 2014).- Las políticas públicas para erradicar la explotación sexual en México están enfocadas en defender los intereses económicos y morales del Estado, pero no en proteger los derechos de las mujeres, dijo Fabiola Bailón, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
Señaló en entrevista que las políticas públicas enfocadas a erradicar la explotación sexual deben contar con una perspectiva histórica que haga evidente los procesos que profundizaron el flagelo e incrementaron sus dimensiones.
Y señaló que conocer la historia de la explotación sexual en México contribuye a tener una visión más amplia del fenómeno, que a su vez explique el incremento de las dimensiones de la problemática actual.
Por esto, si el Estado realmente quiere erradicar la explotación sexual debe entenderla como un fenómeno con raíces históricas y no como un hecho coyuntural o contemporáneo, señaló.
Actualmente, para frenar la explotación sexual el Estado sólo implementa medidas paliativas, enfocadas hacia un actor y no considera al sistema proxeneta completo.
Es decir, el Estado no está identificando que cada día se suman más actores a este sistema, que no sólo son las mujeres explotadas o los proxenetas, sino que también están los clientes, las redes de corrupción dentro de los gobiernos y, ahora, otros grupos criminales, apuntó Bailón.
La historiadora, quien se doctoró con una investigación sobre 200 años de trata de personas en México, declaró que a su parecer la postura del Estado para erradicar la explotación sexual es “ambigua”, ya que la normatividad diseñada no se extiende a todas las entidades, por lo que en 1957 –según documentó la ONU– 27 estados aún tenían algunas reglamentaciones en materia de prostitución que debieron ser abolidas desde hace más de 70 años.
Esta situación deja en claro que el Estado mexicano en realidad está enfocado en defender sus intereses (económicos y morales), pero no en proteger los derechos femeninos, enfatizó la experta.
Otros de los problemas es que en la academia hay muy poca gente haciendo historia de la trata de personas, lo cual es una urgencia para que las y los estudiosos vayan sumando los periodos y reconociendo la participación histórica de cada actor.
REGLAMENTACIÓN
Uno de los procesos históricos que deben visibilizarse es el del “reglamentarismo” en México –periodo en el que el gobierno contó con un sistema de control para quienes ejercían la prostitución, pero no con leyes y políticas públicas encaminadas a erradicar la explotación sexual–, explicó.
Ya que haber reglamentado la explotación sexual en el DF durante casi 80 años criminalizó a las mujeres y permitió que las redes de trata se fortalecieran, indicó.
Esto porque durante la etapa en la que la explotación sexual estuvo reglamentada en el DF, que fue de 1865 a 1940, el objetivo de la autoridad administrativa fue el de identificar a las mujeres que estuvieran fuera del registro para perseguirlas y detenerlas.
La reglamentación se refiere a un sistema de vigilancia y control de la explotación sexual que estuvo centrado en las mujeres, tanto las que explotan como las que son explotadas, y que opacó la participación de los hombres.
Dentro de todo este sistema, las más afectadas son las mujeres, evidenció la experta, y en especial quienes ejercen la prostitución. Durante el “reglamentarismo” ellas son controladas, vigiladas, perseguidas y sancionadas.
Este sistema de control consistió en que las mujeres estuvieran en documentos policiacos. Se les daba un libreto o cartilla de legitimación; se les clasificaba en primera, segunda, tercera e ínfima clase, y se les pedían datos generales como edad, procedencia, color de piel y fecha de nacimiento.
El registro estaba guardado en libros con fotografías de las mujeres, sus datos generales y anotaciones de todos sus movimientos.
Otras de las obligaciones básicas era que las mujeres se realizaran un chequeo médico semanal obligatorio. En el caso de que una de ellas tuviera una infección de transmisión sexual era recluida en un hospital, donde permanecía “hasta su completa recuperación” de un mal que, para esa época, no tenía cura.
Además, debían registrar si decidían salir del DF o si cambiaban de burdel. Las normas eran coercitivas en tanto decidían con quiénes salían y qué podían hacer o que no. También pagaban un impuesto para el Estado.
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