El IMCO analizó 700 mil procedimientos de contratación
En éstos hallaron tres factores que alertan sobre riesgo de corrupción: falta de competencia, falta de transparencia y la existencia de anomalías diversas.
Siete de cada 10 contratos que se firmaron en la actual administración se asignaron mediante adjudicación directa, es decir, sin que existiera competencia entre los principales proveedores con los que cuenta el gobierno federal, así lo reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Mediante el denominado “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas”, el IMCO analizó 700 mil procedimientos de contratación, de los cuales el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se gastaron convenios de 2012 a 2016 fueron por adjudicación directa.
Cabe señalar que la adjudicación directa sí está prevista en la ley, pero su utilización está contemplada para causas excepcionales, por ejemplo, que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional.
“El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, señaló Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO.
El IMCO explicó que en los contratos revisados, y que se encuentran disponibles en la plataforma de Compranet, se hallaron tres factores que alertan sobre riesgo de corrupción: falta de competencia, falta de transparencia y la existencia de anomalías diversas.
Detalló que estas circunstancias permiten determinar el nivel de riesgo, debido a que la corrupción es propicia cuando no hay competencia ni transparencia. Por ejemplo, algunas de las empresas a las que se les asignaron contratos carecían de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es decir, no existen fiscalmente y, por tanto, no podían proveer de ningún bien o servicio al gobierno.
“Aquí no estamos probando que hubo corrupción, lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías”, indicó Kaiser, y agregó que el procesamiento de la información duró casi un año.
El IMCO también dio a conocer que las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT, seguidas de Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.
El estudio arrojó otro hallazgo importante en el cambio de los ganadores entre un sexenio y otro: de las 73 principales empresas que en 2016 se llevaron el 32 por ciento del gasto público, en 2012 sólo obtuvieron el 1.7 por ciento del mismo. En contraste, las 73 compañías que en 2012 fueron las beneficiarias con el 29 por ciento del gasto ejercido, en 2016 únicamente consiguieron el 1.6 por ciento.
Con información de Reforma
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