(30 de julio, 2014).- Human Rights Watch (HRW) y la Asociación Nacional Para la Defensa de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en un informe conjunto, señalaron que las interceptaciones a gran escala que realiza el gobierno de Estados Unidos, obstaculizan delicadamente el trabajo de periodistas y abogados en ese país.
Para estos dos organismos, la intervención a las comunicaciones realizadas, socaban la libertad de los medios de comunicación y el derecho a la asistencia letrada y, por consecuencia, impiden que el pueblo estadounidense obtenga la información necesaria para hacer que el gobierno rinda cuentas de su actuar.
El informe denominado With liberty to Monitor All: How Large-Scale US Surveillance is Harming Journalism, Law, and American Democracy (Con libertad para vigilar a todos: Cómo las interceptaciones masivas en EE. UU. repercuten negativamente en el ejercicio del periodismo y el derecho y socavan la democracia estadounidense), compuesto por 120 páginas, fue elaborado a partir de entrevistas a periodistas, abogados y altos funcionarios estadounidenses.
La investigación documenta cómo los periodistas y abogados que trabajan temas de seguridad nacional están adoptando medidas y asumiendo maneras distintas para proteger y garantizar la seguridad de sus comunicaciones, fuentes y otro tipo de información confidencial a partir de que se evidenciaran las prácticas que el gobierno norteamericano ha llevado a cabo en materia de comunicaciones y transacciones electrónicas.
Los 50 periodistas entrevistados, señalaron que las prácticas de interceptación han originado preocupaciones por su seguridad tanto en ellos como en sus fuentes. Estas prácticas gubernamentales no se restringen a medios de comunicación pequeños sino también a aquellos consolidados como The New York Times, Associated Pres, ABC y NPR.
En el documento se señala que las intromisiones gubernamentales ha dañado el contacto entre funcionarios de inteligencia y medios de comunicación, además del incremento de los procesos penales contra quienes divulgan información confidencial.
También, con la implementación del Programa contra la Amenaza Interna (Insider Threat Program), se ha obligado a los funcionarios federales a denunciar a sus pares cuando incurran en un comportamiento sospechoso que podría presumirse como una intención de filtrar la información.
Encriptación del lenguaje en sus investigaciones, utilización de teléfonos desechables, aislamiento de las redes sociales, así como la utilización de computadoras totalmente aisladas, forma parte de las nuevas prácticas que los periodistas están utilizando para mantener alejada las interceptaciones gubernamentales.
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