(22 de septiembre, 2014).- Durante años, el saqueo a las minas ha sido ilimitado y para ello, los concesionarios han obtenido un respaldo total y una mayúscula complicidad de las más altas autoridades mexicanas. En el presente lo que genera diariamente el Grupo México, asciende a más de 4 millones de dólares y de estas extracciones apenas recientemente se han dictado las normas para que puedan pagar como impuesto apenas sí un 10 por ciento de las utilidades que perciben. El desarrollo de los principales grupos mineros está presente en 30 Entidades, solamente Quintana Roo y el Distrito Federal, se encuentran libres de este tipo de explotación. Millones de hectáreas están en manos extranjeras y, de esta práctica ningún titular del Ejecutivo Federal está liberado del otorgamiento de permisos en este rubro. Los actuales, en los últimos 10 meses han dado 644 autorizaciones en un espacio de 25.7 millones de hectáreas.
Según la Ley, la actividad minera es preferente sobre cualquier otro uso que pueda dársele a la tierra y se considera de utilidad pública. Un ejemplo de lo anterior puede verse claramente en Colima, en donde el 44 por ciento de su territorio está concesionado para este sector. Otro se encuentra ubicado dentro de la empresa Minerales Monclova, perteneciente a Altos Hornos de México, cuya suma de las concesiones otorgadas es prácticamente del tamaño de Tabasco. Las seis empresas dominantes son: Altos Hornos de México, Industria Peñoles, Minera Frisco, Grupo Cascabel, Grupo México y Minerales Monclova. Como sucede en muchos otros renglones, también en este hay prestanombres. Uno de ellos es Jorge Jiménez Arana, quien obtuvo ocho permisos otorgados por la Secretaría de Economía a sabiendas de que éstos son propiedad de la canadiense Balck-fire Exploration México.
Esta empresa se sabe que tuvo graves problemas en Chiapas por lo que, a sugerencia del propio gobierno mexicano, optó por un prestanombres al que califican de “eventual”, en tanto arreglan o se olvidan de los supuestos de problemas ambientales, los que generaron por actos de corrupción con el alcalde de Chicomuselo, el crimen de un activista antiminero. Con todo, la superficie que tienen asignada alcanza las 580 mil hectáreas. Otro caso está marcado con el nombre de Ivonne Alicia Boilleve Romero, cuyos nexos llevan directamente a la empresa Navial Holdings, división TheKillwa Mining Group, a su vez subsidiaria de la estadounidense Cotton & Western Mining y con grandes fallas en el manejo de seguridad operan 321 hectáreas.
Son muchas las razones que acompañan a las críticas y señalamientos que se realizan en contra del Grupo México. Los accidentes provocados por la ausencia de medidas de seguridad y que han causado cientos de muertes ligadas a la operación del empresario Germán Larrea, cabeza de esta que ya se califica como organización empresarial delictiva, han sido casi permanentes y, el último de ellos, traerá como una de las más probables y funestas consecuencias la presencia de cáncer en miles de familias sonorenses debido al consumo de agua contaminada por el derrame de sustancias tóxicas al río Sonora y su afluente Bacanuchi. De ahí que tanto los trabajadores como sus familias y quienes suponen recibirán estas afectaciones reclamen al gobierno federal y al estatal el que se creara un fideicomiso de apenas 2 mil millones de pesos como pago para resarcir los daños que puedan presentarse.
Este empresario recibió una concesión minera que es punto de referencia de las luchas obreras, de las emprendidas por la clase trabajadora: Cananea. Se ha descubierto que, como antaño, no se protege a los mineros, se les escamotean todos los recursos con los que cuenta esta industria para su protección y se llega al extremo de entregarles mascarillas de papel para que se protejan de los polvos, cuando lo correcto es que sean equipados con respiradores de aire forzado o suministro de aire con flujo continua a fin de que la inhalación del polvo de sífile no resulte lo dañina que hoy se registra. Pese a que recibieron de manera oficial 72 medidas de protección laboral que deben ser puestas en marcha de inmediato, los de Larrea las han ignorado e incluso llevaron al desmantelamiento de los concentradores de este polvo lo que en breve representará mortales desajuntes pulmonares.
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