PUEBLA, Pue. (apro).- Aproximadamente a las 3:45 de la madrugada fue detenido Javier Montes Bautista, alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quien es acusado de participar en el enfrentamiento ocurrido el 9 de julio, cuando el niño de su comunidad, José Luis Tehuatlie Tamayo, fue asesinado por policías estatales.
Familiares del edil dieron a los medios de comunicación la alerta de esta detención, porque temen por la integridad de Montes Bautista, quien en distintas ocasiones se ha confrontado con el gobierno de Rafael Moreno Valle, por respaldar a los habitantes de su comunidad.
Desde el 18 de octubre, el edil auxiliar se encontraba oculto porque ya se sabía que la Procuraduría de Justicia de Puebla había emitido una orden de aprehensión en su contra, según el gobierno estatal para “cumplir” con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso de Chalchihuapan.
Aunque ha sido omiso en casi la totalidad de las recomendaciones, como proceder contra los funcionarios que estuvieron al frente del violento operativo del 9 de julio y reparar el daño a las víctimas, el gobierno de Moreno Valle se ha fundamentado en el resolutivo de la CNDH para detener a habitantes de Chalchihuapan.
Aracely Bautista, madre del alcalde auxiliar ahora detenido, ha denunciado en distintos foros la persecución y venganza que el gobierno de Moreno Valle ha desatado en contra de Chalchihuapan por el hecho de que se han mantenido firmes en reclamar justicia en torno al asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
De hecho, Javier Montes fue orador en distintos foros en los que narró los hechos del 9 de julio, cuando asegura que los pobladores de esa localidad sólo reaccionaron ante la agresión y por el enojo que les provocó enterarse, en ese momento, que los uniformados habían causado la muerte de un niño.
Además, el edil forma parte de la directiva de la Coordinadora Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP) que reclama el derecho histórico de sus comunidades, la mayoría indígenas, de contar con oficinas de Registro Civil, Jueces de Paz, policías y ministerio público, que les fue retirado por modificaciones legislativas que impulsó el gobierno de Moreno Valle.
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