La esclavitud contemporánea se manifiesta a través de un delito organizado vinculado a otros 22 ilícitos. Se le denomina trata de personas y es considerado de lesa humanidad.
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional —que ratificó México y la mayoría de los países del hemisferio occidental y el resto del orbe en el marco provisto por las Naciones Unidas— aborda este delito a través de su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.
En su artículo tercero, este instrumento jurídico internacional define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
La explotación a la cual se refiere esta convención internacional incluye la explotación sexual y/o laboral, lo que conlleva secuestros, sometimiento y prostitución forzada con motivaciones comerciales, pornografía sexual, matrimonios forzados, turismo sexual, trabajos domésticos, adopciones irregulares de niños, mendicidad e incorporación de menores a grupos criminales para participar en actividades violentas, entre otros delitos. En este contexto, la trata de personas se vincula a los demás 22 tipos de delitos económicos organizados, ya sea tráfico de drogas, órganos, personas (migrantes), armas, así como secuestros, extorsiones y actos de cibercrimen, pornografía infantil, entre otros.
Sin ir más allá de México, los casos de trata de personas que ha denunciado y abordado la organización liderada por la periodista y analista Lydia Cacho, a través del apoyo concreto a víctimas, dan muestra de la profundidad que ha adquirido el tráfico de influencias y conflictos de interés en los más altos niveles de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo mexicanos, los cuales continúan obstruyendo a una justicia que ni investiga ni procesa los nueve de cada diez casos vinculados con ilícitos de este tipo.
Este negocio criminal trasnacional de lesa humanidad, que implica directa o indirectamente a todos los países, al año genera un monto estimado en 32 mil millones de dólares y afecta a por lo menos 12 millones de seres humanos, quienes en su mayor parte son niños, niñas y mujeres (entre 20% y 30% de las personas que sufren de esclavitud en el mundo son menores de edad). De esta escandalosa y vergonzosa cifra global, más de 2 millones de individuos esclavizados por la delincuencia organizada provienen de América Latina.
Hoy, entre siete y diez dólares lavados producto de la trata de personas terminan integrándose en los sistemas económicos formales de los países más ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), los cuales a su vez poseen los Estados de derecho más funcionales. Es decir, la paradoja de la delincuencia organizada consiste en que los mafiosos ligados a la trata y otros 22 tipos de delitos económicos buscan la seguridad jurídica para invertir sus capitales de origen sucio en las naciones con mayor opulencia.
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