Amnistía Internacional México (AI) llamó a retirar los cargos desproporcionados, liberar urgentemente a los 11 manifestantes detenidos el pasado 20 de noviembre y una investigación inmediata sobre la actuación de la policía.
En un comunicado de prensa, AI afirmó que si la fiscalía persigue la investigación, debe presentar“pruebas suficientes contra los manifestantes, situación que no ha sucedido hasta ahora”.
Este sábado 29 de noviembre las autoridades informaron que, por los plazos legales, se dictará sentencia a los detenidos.
Además de AI, en México diversas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron este viernes en conferencia de prensa en contra de la violencia y la represión por parte de cuerpos policiales en la marcha del pasado jueves 20 de noviembre, en el marco de la 4ta Acción Global por Ayotzinapa.
Jesús Gonzáles, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, informó que se están tomando acciones para exigir la liberación de las personas detenidas arbitrariamente en la manifestación pasada.
Se reproduce el comunicado de AI:
Las autoridades mexicanas deben retirar los cargos desproporcionados y liberar urgentemente a los 11 manifestantes que han sido detenidos injustamente en dos prisiones de alta seguridad después de protestar por la desaparición de 43 estudiantes de Iguala, Guerrero manifestó Amnistía Internacional tras una audiencia crucial sobre el caso el pasado sábado.
La organización también ha pedido una investigación inmediata sobre las denuncias de que policías golpearon y amenazaron a los manifestantes durante su detención.
“La evidencia contra los 11 manifestantes es tan débil que es muy difícil entender por qué todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad siendo tratados como criminales de alta peligrosidad. Tales actos plantean la cuestión de si existe un intento deliberado para desalentar las protestas legítimas”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las tres mujeres y ocho hombres fueron acusados de asociación delictuosa, motín y el intento de homicidio de un oficial de policía. La única prueba que los incrimina es el testimonio de los cinco policías que les detuvieron. A menos que se presenten pruebas suficientes para apoyar los cargos, los manifestantes deben ser liberados.
“Si la fiscalía persigue la investigación, debe presentar prueba suficiente contra los manifestantes, situación que no ha sucedido hasta ahora. A falta de pruebas suficientes, esos cargos nunca debieron presentarse en primer lugar”
La mayoría de los detenidos que tuvieron acceso a abogados de su elección informaron que los agentes de policía les golpearon y amenazaron durante su detención. De acuerdo a sus abogados, los manifestantes tienen moretones y cicatrices alrededor de sus ojos y en sus brazos.
Las tres mujeres continúan siendo representadas por abogados designados por el Estado. Su estado de salud se desconoce. Fueron encarceladas en la prisión de alta seguridad más remota en el estado de Nayarit, a 700 kilometros de distancia de la ciudad de México, donde el contacto con familiares y abogados es extremadamente limitado.
“En vez de presentar cargos infundados contra los manifestantes, la Procuraduría General de la República debe centrarse en establecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo Erika Guevara Rosas.
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