Los defensores del derecho a la tierra nunca han estado tan expuestos a la represión como ahora y tras haber sido víctimas de amenazas, ataques, hostigamiento, difamación, asesinato o desaparición, sus casos se quedan en total impunidad, señala el último reporte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre la labor de estos activistas.
De enero de 2011 a agosto de 2014, se documentaron en todo el mundo 106 casos de hostigamiento contra 282 defensoras y defensores del derecho de la tierra y contra 19 organizaciones no gubernamentales dedicadas al mismo tema.
En el informe “No tenemos miedo. Defensores del derecho a tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado”, la FIDH denuncia que 95% de los casos permanecen en total impunidad debido a la “incapacidad de los Estados para obligar a los autores a rendir cuentas por sus acciones o por negligencia”.
“Aunque los defensores del derecho a la tierra a menudo informan a las autoridades pertinentes de que son víctimas de violaciones de derechos humanos, en muchos casos las instituciones judiciales no investigan, procesan o sancionan a los autores de manera adecuada y la mayoría de las violaciones queda totalmente impune”.
Tras analizar casos de 29 países, ese organismo internacional concluyó que existen cuatro formas para atacar a los defensores del derecho a la tierra: vulneraciones de su integridad física —que incluye amenazas, ataques, asesinatos y desapariciones—, hostigamiento judicial y leyes represivas; difamación; y vigilancia ilegal.
En cuanto a vulneraciones contra la integridad física, hasta agosto de 2014 ocurrieron 63 casos que afectaron a 112 defensoras y defensores, entre ellos algunos mexicanos.
En el caso de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ya había denunciado que en el país entre 2009 y 2012 ocurrieron al menos 50 ataques en 17 entidades. La mayoría de estos fue contra defensores que se oponían a proyectos de minería y explotación forestal, pero también se atentó contra activistas vinculados a proyectos turísticos, inmobiliarios, hidráulicos y de infraestructura.
Por ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos pone atención sobre el caso de Oaxaca, en donde miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) son amenazados por su oposición a la construcción de un parque eólico de la empresa española Gas Natural Fenosa.
El 25 de agosto de 2013, un grupo de hombres armados sospechosos de trabajar para la empresaamenazaron de muerte y atacaron a varios miembros de la APPJ cuando éstos visitaban la zona en la que se estaba construyendo el parque eólico Bií Hioxho para evaluar los daños causados por la construcción del proyecto.
En cuanto a asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, el reporte documenta 43 casos ocurridos desde 2011 en donde destacan los de Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas.
También hay siete casos más de desaparición, entre ellos el de enero de 2012, cuando el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollán, informó sobre la desaparición de Marcial Bautista Valle y de Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora de la Organización Campesina de Ecologistas de la Sierra de Petetlán y Coyuca de Catalán; e integrantes del Movimiento por la Paz.
Sobre detenciones arbitrarias, hasta junio de 2014 se documentaron 17 casos de defensores que continuaban en prisión o en situación de arresto domiciliario en países como Birmania, la República Democrática del Congo, Ecuador, Guatemala y México.
A ello se suman otros 32 casos de hostigamiento judicial contra 123 defensoras y defensores del derecho a la tierra, entre los que también aparecen activistas mexicanos.
Por ejemplo, en abril de 2014 hombres vestidos de civil detuvieron a Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala; quien desde 2006 se opone a la construcción de un gasoducto de las empresas españolas e italianas Abengoa, Elecnor, Anagas y Bonattu.
El activista fue acusado de disturbios, saqueo, ataque a obras hidráulicas y extorsión por hechos ocurridos en una manifestación en Acuexcoman, Puebla.
Aunque se comprobó que él no participó en esa protesta, el juez emitió una orden de detención en su contra. A la fecha, permanece en prisión preventiva.
La FIDH alerta que la mayoría de los defensores del derecho a la tierra trabajan en zonas remotas y no gozan de protección de actores como medios de comunicaciones e instituciones gubernamentales de defensa de derechos humanos, por lo que es clave acabar con su aislamiento y visibilizar sus casos.
En el caso de México, el reporte destaca el papel de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que entró en vigor en 2012, pues aunque no es una legislación específica para defensores de la tierra sí los ubica como un grupo en riesgo.
Sin embargo, denuncia que las cifras de la Secretaría de Gobernación muestran un retraso de atención de casos de 70% para finales de febrero de 2014 y que por el tipo de Mecanismo de protección deja fuera los casos en los que se criminaliza a los defensores y ofrece garantías “insuficientes”.
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