Defender los derechos humanos les costó la vida al menos a 27 mexicanos entre 2011 y 2013. En sólo tres casos se identificó a los responsables. Pero por ahora, sólo un menor de edad fue sentenciado a tres años de reclusión por el homicidio de Agnes Torres, psicóloga y activista transgénero en Puebla. Los dos presuntos asesinos del ambientalista veracruzano Noé Vázquez están en proceso judicial y el homicida del activista gay Quetzalcóatl Leijia está prófugo. Los responsables de las otras 24 muertes ni siquiera se han identificado.
La impunidad es la constante en las 409 agresiones, que van desde amenazas hasta las detenciones arbitrarias pasando por hostigamientos e intimidaciones diversas o el asesinato. Las más frecuente son las amenazas de muerte, se han denunciado 55. En 110 agresiones, los denunciantes no han podido reconocer a sus perpetradores por tratarse de amenazas anónimas o ataques por parte de grupos armados no identificados. Pero en 51 ocasiones han venido de las propias policías estatales, en 31 de municipales y en 21 por parte del Ejército Mexicano, la mitad de éstas bajo pretexto de realizar operativos en contra de la delincuencia organizada, según reporta la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para todas y todos (RedTDT).
“¿Cómo confiar en quién te agrede?” se pregunta Vidulfo Rosales, coordinador del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Rosales tuvo que salir del país después de recibir varias amenazas de muerte y un ataque armado cuando defendía a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes durante un bloqueo carretero fueron desalojados por la policía que mató a dos jóvenes y detuvo y torturó a otros en diciembre de 2011. Rosales interpuso una querella por el asunto, los casos de tortura involucraban a policías ministeriales de Chilpancingo. En febrero de 2012, un funcionario de la Policía Estatal de Guerrero le citó en un restaurante para advertirle que ya le seguían y que si no se desistía del caso su vida y la del Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal corrían peligro. Rosales y Tlachinollan decidieron continuar con la demanda pero a las pocas semanas, el responsable de la averiguación previa sufrió un atentado, donde murieron dos de sus escoltas. Ese mismo día, al salir del Ministerio Público, hombres armados balacearon el taxi en el que Rosales que se regresaba a la oficina. Cuando quiso volver a salir del trabajo, la misma camioneta estaba fuera. Tuvo que pedir a los estudiantes que acudieran al Centro de Derechos Humanos y poder salir cobijado por la multitud. El 4 de mayo le mandaron una amenaza mecanografiada:
“¿Crees que eres la gran cosa? Licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias, en todo te metes la parota, las disque mujeres violadas, y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate o vete juntando tus flores porque lla t stamos siguiendo, sabemos lo que aces y donde andas. Te va s a morir, te vas a morir j aja ja. Atte. La Ley” (sic) Es un fragmento del mensaje que le dejaron en la oficina.
Con el respaldo del Centro de Derechos Humanos, decidió salir del país y mudar a su familia de ciudad. Después de seis meses exigió garantías a las autoridades guerrerenses para volver a su trabajo que suponían el compromiso de avanzar en el caso de los estudiantes. Un año y medio después las investigaciones están detenidas.
El pasado diciembre, cuando llevaba el caso de 13 policías comunitarios detenidos, volvió a recibir amenazas telefónicas. Interpuso una denuncia penal por ello pero tampoco ha obtenido respuesta. Sigue haciendo su trabajo, pero no vive con su familia por seguridad. “Hay impunidad total, las denuncias de derechos humanos no se investigan, las agresiones a defensores están invisibilizadas pero paradójicamente el sistema sí se activa para detener a líderes sociales. Por ejemplo, hay 13 policías comunitarios detenidos y tres de ellos están en penales de altas seguridad aunque no se prueba su acusación”, asevera Rosales.
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