Una investigación del IFE probó que el PRI mintió al afirmar que los millonarios recursos canalizados por medio de tarjetas Monex sirvieron para pagar a su estructura de representantes de casillas. Por tanto, se desconoce el destino real de esos dineros que, al decir de la oposición, se usaron para comprar votos del hoy presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó la investigación del IFE, aceptó la explicación del PRI y resolvió que no hubo ilegalidad en el caso Monex. El ex consejero electoral Alfredo Figueroa lo explica así:
-Según el PRI, los 70 millones de pesos distribuidos a través de Monex sirvieron para dispersar recursos destinados a sus representantes ante órganos electorales y casillas de votación. El entonces IFE realizó una investigación por cuerda separada a la que efectuó la Unidad de Fiscalización y, tras de entrevistar a buena parte de los supuestos destinatarios, detectó que un alto porcentaje no había recibido tales recursos; 90% de los representantes ante consejos distritales, por ejemplo, declaron que no los recibieron.
-Lo que hizo el Tribunal Electoral fue desconocer esa investigación y, en cambio, darle validez a unos contratos que los funcionarios involucrados señalaron no haber firmado ni participado en el asunto, sin ninguna explicación adicional.
Por su parte, durante la prolongada sesión que terminó en la madrugada del jueves 19 de febrero, los magistrados validaron el esquema de contratación que mencionó el ex consejero Figueroa.
En un comunicado, el Tribunal informó:
-Al resolver los recursos de apelación números 5, 10 y 11, todos de 2013, interpuestos por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), para impugnar la resolución emitida por el Consejo General del entonces IFE, el pleno de la Sala Superior validó el esquema de contratación que el PRI realizó con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para el pago del personal de dicho instituto político, así como de sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y estatales, durante el proceso electoral federal de la pasada elección presidencial.
-Tras señalar que el Tribunal Electoral no está facultado para investigar, el magistrado Flavio Galván Rivera sostuvo que los informes de la CNVB y de la Unidad de Fiscalización del entonces IFE, permiten acreditar que los 66 millones de pesos tuvieron un origen y un destino lícito, ya que se utilizaron para pagar los servicios del personal contratado durante el proceso electoral.
Con información de Aristegui Noticias.
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