Luego de que diputados de PRD y Morena se levantaron del debate realizado en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable, 31 legisladores de PRI, PAN y PVEM aprobaron el dictamen de la nueva Ley General de Agua, que prevé entregar las grandes obras de abastecimiento del vital recurso a la iniciativa privada.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, y Aleida Alavez, de PRD, sostuvieron que se reconoce como derecho humano el acceso al agua, pero se otorgan todos los cambios legales necesarios para que sean empresas quienes controlen y cobren por prestar ese servicio.
Los legisladores sostuvieron que la aprobación de “trasvases”, es decir, trasladar el agua de una cuenca a otra como sucederá con el proyecto Monterrey VI, que construyen empresas del contratista favorito del régimen, Armando Hinojosa Cantú, es parte del negocio y tiene como fin proporcionar toda el agua que se requiera para la “fractura hidráulica” y obtener así el llamado gas shale en la zona norte del país.
Los inconformes advirtieron que el acueducto no es para abastecer de agua a la población, sino a los empresarios que llegarán al país luego de la reforma energética.
A su vez, Aleida Alavez destacó que el hecho de eliminar de la actual ley la palabra “asignación”, que es como se cataloga el agua que entrega la Federación a estados y municipios, y al dejar solo la palabra “concesión”, se abre la puerta para que el agua para consumo y el desarrollo urbano quede en manos de la iniciativa privada. 
Como el dictamen a “discutir” en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agua se entregó apenas dos horas antes de iniciar la discusión -y ante la cerrazón de PRI, PAN y PVEM-, los partidos de oposición decidieron levantarse de la mesa y abandonar las comisiones, en tanto que un día antes se rechazó que la Comisión de Derechos Humanos participara en la dictaminación de las modificaciones a esa ley, cambios que han sido calificados por organismos en defensa del agua como “ley Korenfeld”, debido a que el documento fue elaborado por el director de la Comisión Nacional de Agua, David Korenfeld, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto.
De acuerdo con dicha iniciativa se pretende cambiar el término de asignación por el de concesión, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua.
Se prevé que el dictamen se apruebe en la sesión de este jueves en San Lázaro; además, como ha sido característico en esta legislatura, las propuestas de enmendarlo serán presentadas en el pleno y muy posiblemente rechazadas por la dupla PRI-PAN.
Tomada de Proceso
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