El caso se dio a conocer en el 2015
Ahora deberán declarar 39 vecinos como testigos, entre ellos están López Doriga y su esposa
La empresa inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, ganó un amparo ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que deberá llamar a declarar a los 39 testigos y vecinos, incluido el periodista Joaquín López Dóriga y su esposa, Teresa Pérez Romo, por el presunto caso de intento de extorsión en Rubén Darío, Polanco, Ciudad de México.
El jueves 7, los tres magistrados del Octavo Tribunal Colegiado Penal tomaron la decisión y ahora el Ministerio Público capitalino deberá citar a los 39 testigos que Abilia pidió en la demanda por intento de extorsión, informó Proceso.
“Ganamos el amparo en definitiva y esto significa que deberá la Procuraduría llamar a declarar a los testigos. Logramos el piso parejo para todos y vamos a poder llevar a proceso a la señora Pérez Romo”, esposa de López Dóriga, aseguró el abogado Javier Coello Zuarth.
La querella de Aramburuzabala contra la esposa del periodista por intento de extorsión se dio a conocer en 2015, cuando el defensor Mario Alberto Becerra Pocoroba fue videograbado pidiendo a los representantes de Abilia 5 millones de dólares, a nombre de los habitantes del edificio de Rubén Darío 223, a cambio de detener la presión al gobierno para construir un complejo de departamentos en el predio Rubén Darío 225.
Ante las presiones de la administración capitalina y por la evidente influencia del exconductor de Televisa, el 18 de agosto de 2016 la Procuraduría capitalina archivó la averiguación, pues afirmaron que no se necesitaba llamar a declarar a los vecinos para indagar sobre la existencia de un delito.
“La Procuraduría actuó como abogado defensor de los acusados y no como Ministerio Público en busca de la justicia”, sentenció el abogado Coello entonces. Abilia promovió el amparo 72/2017 contra esta decisión.
Por ello, el 31 de enero de 2017 el juez José Díaz de León Cruz aseveró que los 39 vecinos debían ser citados por la Procuraduría, incluido el comunicador.
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