Alertan que la Ley Pichardo es la “joya de la corona” de la Reforma Energética de Peña Nieto
En dos semanas se puede convertir en una iniciativa que sea llevada a Pleno, se turne a dictamen y pueda ser aprobada, incluso en fast track
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya prepara una nueva Ley que privatiza a perpetuidad el agua, de la cual los expertos y académicos alertan sobre los riesgos, así lo dio a conocer el diario digital SinEmbargo.
El portal explicó que en este último año del gobierno federal se tiene contemplado proponer la Ley Pichardo, ya que el borrador fue presentado por José Ignacio Pichardo Lechuga, Diputado federal del PRI por el Estado de México, la cual es mis similar a la llamada Ley Korenfeld que fue presentada en 2015.
La polémica legislación de hace tres años, presentada por el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, generó protestas de ciudadanos, sociedad civil y académicos, quienes argumentaron que violaba los derechos humanos, era privatizadora y no garantizaba la accesibilidad del líquido particularmente para la gente de escasos recursos.
Expertos y académicos alertan sobre la similitud que guardan ambos documentos, y que en dos semanas se pueda convertir en una iniciativa que sea llevada a Pleno, se turne a dictamen y pueda ser aprobada, incluso en fast track, debido a la mayoría que tiene el PRI en el congreso y a pesar del malestar que genere en la población, explicaron.
En entrevistas para SinEmbargo, los especialistas expresaron que reformar el sistema de aguas del país es la “joya de la corona” de la Reforma Energética de Peña Nieto, y en específico para actividades como la explotación de hidrocarburos con la técnica del fracking, que demanda una gran cantidad del vital líquido para realizarse.
Miguel Ángel Montoya, consultor en Gestión Integral del Agua, explicó que en actualidad se pueden dar concesiones de hasta 30 años con derecho a prórroga y los particulares no son afectados en sus volúmenes en los años en que tienen esa concesión, a pesar de que en ocasiones no haya disponibilidad de agua.
Además, está permitido transferir una concesión de un particular a otro, simplemente con un contrato que avale Conagua. No importa que no haya disponibilidad de agua o que el uso sea distinto, de manera muy laxa se puede cambiar el uso por el cual se otorgó la concesión y se puede transferir.
“Eso debió haber sido transformado en una nueva Ley, en una nueva propuesta, pero resulta que no solo lo dejaron así, lo cual es gravísimo. Qué sentido tiene una reforma si no transformas lo que hay. Lejos de no modificarlo, lo hicieron más laxo. Ahora cualquier concesionaria que tiene todas estas garantías y estas facilidades para cambiar de título, para transferirlo, para que no sea cancelado bajo condiciones de escasa disponibilidad o de contaminación. Nadie tendrá la molestia de refrendar su título de concesión, de hacer el trámite burocrático”, explicó Miguel Ángel Montoya.
El consultor advirtió que las concesiones sólo se entregarán a perpetuidad, cuando lo ideal sería hacer las concesiones cada tres o cuatro años, bajo disponibilidad e incentivar el rehusó y el tratamiento del agua, y si una industria lo está haciendo que sí se le renueve el permiso. Se conserva el mismo modelo y ahora las empresas se ahorran los trámites, lo que generará una enorme concentración.
También invectiva el modelo de trasvase, el cual tiene una enorme gravedad, porque generan impacto ambiental tanto en la cuenca importadora como en la cuenca exportadora.
Ahora no sólo se concesionará la infraestructura, sino toda el agua que tiene ese trasvase será de los particulares, se les concesionará a perpetuidad, lo que implica que prácticamente todas las aguas superficiales, los ríos del país, van a ser privatizados. “Eso es privatización extrema”, denunció.
Señaló que aunque es un tema polémico, el fracking, es el menor de los problemas en este modelo; trae contaminación de acuíferos y deja a esa agua inservible para el riego y el consumo humano, lo que abre la puerta a empresas como Abengoa y como Grupo Higa para que venden el agua a los organismos operadores o a los usuarios de riego.
“Los efectos son graves porque desde luego se incrementan tarifas, se hacen cortes discrecionales, los subsidios beneficiarán a los privados. Con la Ley Pichardo estamos ante un proceso de privatización en extremo, donde un puñado de empresas, los cuates del Presidente, los más cercanos, serán los beneficiados”, concluyó Montoya.
Con información de SinEmbargo
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