El gobierno de Chiapas no ha realizado ninguna operación que impacte en las redes internacionales dedicadas a la trata de personas, reconoció Rafael Martínez Ruiz, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos de la Procuraduría de Justicia estatal.
En entrevista con motivo del reportaje Mujeres migrantes, las víctimas del plan antitrata publicado por En el Camino, el funcionario explicó que los operativos realizados se originan en denuncias hechas por taxistas inscritos dentro de un programa gubernamental denominado “taxista vigilante”, por policías municipales, y en su mayoría derivadas de denuncias ciudadanas anónimas.
“¿Labores de investigación de alto impacto? Sólo si la policía científica federal las realiza, porque la Fiscalía no tiene suficiente personal”.
Cuestionado sobre las denuncias de la mujeres migrantes detenidas y las faltas al debido proceso que hay en sus juicios, Martínez Ruiz respondió que ni en los operativos, ni en los procesos hay error, lo descarta. Para él estos planteamientos solo son “argucias de los abogados de la defensa. Son argumentos ficticios”.
Y cuando las presuntas víctimas se retractan “es porque tienen el síndrome de Estocolmo, porque no se dan cuenta que están siendo explotadas”, sostiene.
El Fiscal reiteró que aún cuando las “migrantes víctimas” sean repatriadas a las pocas horas o días de ser “rescatadas”, y no ratifiquen lo que el Ministerio Público presenta como declaraciones contra presuntas tratantes, el proceso penal contra las detenidas continúa con la Fiscalía como acusador, “porque es un delito grave que se persigue de oficio”.
La Fiscalía contra la trata, argumenta, es constantemente capacitada por personal de la Embajada de Estados Unidos, y por agencias de la ONU.
Con Información de Animal Político
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