El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Fernando Yunes Márquez, anunció que impulsará una iniciativa para desaforar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por las investigaciones que pesan en su contra por los asesinatos de 15 periodistas en su administración.
Esta medida legal despojaría al gobernador de la inmunidad conocida como “fuero constitucional”, que implica que para actuar penalmente en su contra la Cámara de Diputados debe resolver primero si se debe proceder con el proceso penal. De esta forma, si Duarte llegara a ser declarado culpable de los actos que se le imputan, sería destituido del cargo y no se le concedería el indulto.
Asimismo, el presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, Marco Antonio Blásquez, reprochó la actuación de Enrique Peña Nieto por el asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada en su domicilio el pasado domingo y su cuerpo encontrado un día después en la cuneta de una carretera.
“Quiero preguntarle al Presidente qué se requiere para que un gobernador sea destituido de sus funciones”, señaló Blásquez del Partido del Trabajo (PT).
Al respecto, ambos senadores presentarán un Punto de Acuerdo, donde van a solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga las investigaciones de la reportera veracruzana y agilice las averiguaciones por diversos delitos en contra del gremio periodístico.
Veracruz es en la actualidad el estado de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en México. Cifras de la Procuraduría General de la República indican que del año 2000 a la fecha esa entidad registra el mayor número de comunicadores asesinados (17) y desaparecidos (4).
En 2015, la ONG internacional Artículo 19 documentó 67 agresiones en Veracruz, de las cuales sobresalen tres asesinatos y el desplazamiento forzado de cuatro periodistas. La entidad permanece como la más violenta contra la prensa en México. Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 15 periodistas han sido asesinados
Según el informe estadístico de la Fiscalía para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en la administración del priista han ocurrido el 62 por ciento de los casos de comunicadores asesinados y el 100 por ciento de los desaparecidos en Veracruz.
Aunado a ello, Artículo 19 reportó que hasta el 31 de julio de 2015 había 37 periodistas desplazados de Veracruz por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Entre ellos se cuenta el caso de Rubén Espinoza Becerril, el fotoperiodista de Cuartoscuro, Proceso y AVC Noticias asesinado en la colonia Narvarte en el Distrito Federal.
En el caso de Espinosa, Artículo 19, Propuesta Cívica y otras agrupaciones exigieron el 4 de agosto que, si bien el crimen ocurrió en el DF, las investigaciones no descarten que tenga relación con las amenazas que el fotoperiodista y la activista Nadia Vera, otra de las víctimas, recibieron en Veracruz.
Un mes antes del asesinato de Espinosa, Duarte causó polémica al señalar en una reunión con periodistas veracruzanoz que “hay comunicadores que tienen vínculos con el crimen organizado” y advertir que su gobierno iría detrás de las “manzanas podridas”.
“Lamentablemente, algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos y también están expuestos a esta situación”, dijo.
“¿Qué les quiero pedir, compañeras y compañeros? Y se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí… Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos”, agregó.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, emitió una alerta temprana para proteger la libertad de expresión en dicho estado. El documento revela que quienes acuden a esta institución señalan que las agresiones devienen en un 37.5% por policía estatal; 25% por autoridades municipales; 6.2% por policía municipal, elementos del Ejército, y elementos de la Marina, cada uno. Estas cifras públicas contrastan radicalmente con lo sustentado por las autoridades locales que ignoran este contexto.
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