Las cárceles “están llenas de inocentes que están ahí por ser pobres, más que por los delitos menores que han cometido” lamentó Carlos Slim en octubre del año pasado. No se equivocaba; según datos recientes de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer para subsistir.
Este tipo de delito se le conoce como Robo Famélico y por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia, que en México representa el 46.2 % de la población, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Las variables que definen si un mexicano es o no pobre, según la medición del Coneval, son el número de carencias sociales que tiene, como educación, salud o vivienda y el ingreso mensual individual. Esto se mide a través de una línea de bienestar económico equivalente al costo de las canastas alimentaria y no alimentaria juntas.
El pasado mes de diciembre la línea de bienestar se elevó a 55 pesos con 70 centavos por persona en el campo y 86 pesos con 41 centavos en las ciudades.
Considerando que el salario mínimo es de 73 pesos con cuatro centavos, este se encuentra por debajo de dicha línea y por tanto, es insuficiente para cubrir las necesidades de una persona.
Así, los 7 millones de mexicanos perciben un salario mínimo se encuentran en situación de pobreza, y dado que más de la cuarta parte de ellos son los únicos perceptores de ingresos de sus hogares, también lo están sus familias.
De hecho, la pobreza en el país aumentó en dos millones de personas entre 2012 y 2014, de acuerdo a Coneval. Actualmente, hay 55.3 millones de personas en esta situación, de las cuales 21 millones son niños.
Esto va de la mano con la pérdida del poder adquisitivo. Mientras en diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo para adquirir la canasta básica, al día de hoy son necesarias 193 horas laborales.
La gran cantidad de personas que se encuentran encarceladas por el delito de robo son una consecuencia de este problema social.
Con el aumento exponencial de la pobreza, también aumentaron la cantidad de robos. El Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas de 2014 de la ANTAD señala que en 2014 se tuvieron 31 mil 461 incidencias de robos, 2.0 por ciento más que en 2013.
De las 7 mil personas que se encuentran encarceladas por robar comida para sobrevivir, 90% son mujeres, la mayoría madres solteras y desempleadas que buscaban un medio para alimentar a sus hijos.
Sin embargo, en el Código Penal no se habla de robo famélico. En su artículo 367 dicta que “comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley”.Lo cual encaja perfectamente con el acto de tomar alimentos sin pagarlos.
Si bien el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales considera la excluyente del delito de robo cuando existe un estado de necesidad justificante, la mayoría de las personas son también acusadas de otros agravantes, como intento de homicidio, amenazas, lesiones y daños a las sucursales, de ahí que sus condenas terminen aumentando hasta 10 años.
Los establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) son las que presentan más denuncias en contra de las personas por robar alimentos.
“La tienda que más ha afectado a las personas por el delito de robo famélico es Walmart, aunque hay muchas de la asociación AMDA, también está Superama y OXXO”, reveló la abogada Garza de los Santos, directora de Modernizando el Sistema Penitenciario A.C.
La también ex presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, aseguró que la política de estas tiendas de autoservicio es denunciar y no otorgar el perdón.
“Es muy triste que una madre que tiene que llevar de comer a sus hijos que se robó unas alitas de pollo la encontremos en Santa Martha Acatitla porque la tienda no le quiere otorgar el perdón”, dijo.
Para desalentar el llamado robo hormiga, que incluye a los alimentos, estas tiendas departamentales se aseguran que los infractores permanezcan varios años en la cárcel.
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, el 90 por ciento de los procesos penales que en contra de las personas que cometen robo famélico son acusados por los abogados de las tiendas afiliadas a la ANTAD.
Olivia Garza adelantó que desde la sociedad civil se estará impulsando a que se realicen las modificaciones que se hicieron en el Distrito Federal para no criminalizar la pobreza.
“Yo creo que el delito de robo debe ser perseguido pero en función y en proporción del daño causado, en este caso que son robos de hambre no se debe criminalizar la pobreza en ningún estado de la República”, enfatizó.
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