(12 de agosto del 2014).- Dentro de la penosa lista de los 20 municipios más violentos del país, donde se concentra el mayor número de agresiones y delitos, al menos 5 figuran en el Estado de México, según un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Para ninguno de los habitantes de esa entidad federativa, gobernada por el priista Eruviel Ávila, tampoco es desconocido el argot policiaco y delincuencial de las “ejecuciones”, las “decapitaciones”, los “levantones”, “atracos” y “extorsiones”.
En los últimos años, sobre todo cuando inició la “guerra” contra el narcotráfico, emprendida por la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el espejo del terror que se extiende por varios estados del país, también se instaló en el área conurbada del Distrito Federal.
Cárteles del narcotráfico y diversas organizaciones del crimen organizado, divididas y especializadas en múltiples actividades delictivas, han asolado el territorio ya sea mediante pequeños indicios de terror que se cuelan en las actividades cotidianas, hasta en la agresión directa y frontal.
Sin embargo, ante la ineficiencia de las autoridades estatales y federales, dicho demarcación sigue siendo uno de los mayores proveedores de votos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo territorio, es conocido por parir al grupo político que actualmente ostenta el poder presidencial: primero, el grupo Atlacomulco; y después, la cartera política que llevó a la presidencia de la república a Enrique Peña Nieto.
Como saldo final: se ha impuesto, por una parte, una cuota de silencio sobre los problemas que aquejan a la entidad. Igualmente, el cerco que la administración de Peña le carga al gobierno de Eruviel Ávila, a quien se le han mandado a funcionarios para resolver a la crisis –muy al estilo de lo que sucedió en Michoacán, con la imposición del “Virrey” Alfredo Castillo Cervantes, también procurador de justicia en su mandato: Primero fue Salvador Neme, el socio de Peña Nieto que le heredaron a Eruviel. Su papel fue desastroso. Después llegó Rocío Alonso, a quien las redes de corrupción policiaca e ineficacia del gobierno eruvielista lo comieron. Ahora, el secretario de Gobernación, el hidalguense Miguel Angel Osorio Chong, nombró a uno de sus colaboradores, Damián Canales, como una especie de “virrey” policiaco en el Estado de México.
En todo caso, la operación ha servido más para mantener a raya a la opinión pública y no para resolver integralmente el apuro de inseguridad que padecen cerca de 15 millones 175 mil 862 habitantes del Estado de México; número contabilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta el año 2010. Y peor aún. Pese al “plan estratégico” que anunció el gobierno federal para similar la inoperancia que ahora hunde en el silencio a Michoacán.
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