En su columna de Ayer en el diario El Universal, el académico y periodista Ricardo Rapahel hace un recuento de algunos de los casos polémicos en los que ha estado involucrado Tomás Zerón de Lucio durante su carrera.
El actual director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, recuerda Rapahel, tuvo que salir de la Policía Federal Preventiva (PFP) después de que su jefe, Genaro García Luna, le exigió su renuncia por un grave caso ocurrido en Sonora.
En esa ocasión, Zerón habría estado informado de un ataque de Los Zetas contra la policía municipal de Cananea y sin embargo no intervino para evitar una masacre.
“Una vez en Cananea, los criminales combatieron a sangre fría a la policía municipal. Eran Zetas y en unas cuantas horas se hicieron del control de esta población, que tiene poco menos de 32 mil habitantes. Se habrían detonado más de 57 mil proyectiles en las inmediaciones. Murieron 22 personas, entre ellas siete policías municipales”. dice el columnista.
Ante de llegar, los sicarios advirtieron por radio a las fuerzas federales que no intervinieran y ellos obedecieron.
Tras su salida de la PFP, Zerón encontró un nuevo puesto, ahora en el gobierno del Estado de México, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.
“Ahí fue nombrado como coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Su jefe directo era Alfredo Castillo Cervantes
Como responsable de esa área, le tocó atender el caso de la desaparición de Paulette Gebara, una niña que las autoridades encontraron debajo de su cama, después de haberla buscado por toda la República mexicana.
Esta historia es una de las más increíbles en el almanaque reciente de nuestra investigación criminal”, dice el académico.
Este increíble caso no repercutió en su carrera y se mantuvo en su cargo. En 2013 fue nombrado director de la AIC, donde encabezó la investigación sobre Ayotzinapa.
El GIEI expuso en su informe final todas las irregularidades de la investigación realizada por Zerón
“La semana pasada, el director de la AIC fue acusado por celebrar diligencias de manera desaseada y en contra de la legalidad. En concreto podría haber sembrado pruebas y torturado presuntos responsables para hacer cuadrar la teoría oficial del caso con la verdad ocurrida la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Sus antecedentes curriculares no lo defienden. Tampoco explican por qué sus jefes lo protegen como si se tratara de su mejor amigo”, escribe Raphael.
Fuente: El Universal
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