Hace tres años, Ariel Dulitzky encabezó la misión del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU en México, el cual elaboró un informe con las deficiencias y omisiones del Estado para atender esos crímenes, así como las recomendaciones urgentes a realizar.
Hoy, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en entrevista con Animal Político, revisa los avances presumidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Si bien reconoce algunas acciones como la reforma del Código de Justicia Militar que acota al fuero castrense en caso de violaciones a derechos humanos -como la desaparición forzada-, la eliminación de la reserva a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada y la creación de una Comisión de la Verdad en Guerrero, refiere que en general los avances han sido magros y que mientras no se asuma la participación del Estado en estos crímenes y la impunidad sea sistemática, no dejarán de ocurrir.
“Hay signos que demuestran que es posible avanzar cuando se tiene voluntad política, de todas maneras hay otras áreas que el avance no es suficiente. La impunidad sigue siendo prevaleciente en todos los casos de desaparición forzada sea en la Guerra Sucia como las desapariciones contemporáneas.
“El tema de una política agresiva de búsqueda de las personas desaparecidas, asumir que hay un problema de desaparición forzada en el país aun no lo vemos, una legislación específica a nivel federal de manera integral en los estados todavía sigue pendiente, un plan nacional de reparaciones para las víctimas de desaparición forzada no está. Si hay un aspecto central es que todavía no se asume como política de estado global la desaparición forzada, no se asumen las políticas generales que se adoptan desde la perspectiva de las víctimas”.
De acuerdo con Dulitzky –que ha recorrido e investigado las desapariciones forzadas en América Latina, los Balcanes, África- éstas son las tres fallas que se encontraron en las acciones presumidas por el gobierno:
1. Base de datos no transparente
La creación de la Base de Datos de personas no localizadas a nivel nacional representó un avance pero no suficiente, “pudo ser una oportunidad para avanzar en la posibilidad de dimensionar el crimen y determinar patrones”. Sin embargo, refiere Dulitzky, para el registro de esa base de datos se parte de una definición confusa sobre la desaparición de personas y no se asume la participación del estado en el crimen.
Además, la falta de transparencia en los datos y los hallazgos, no permiten conocer patrones y deja de nuevo posibilidades a la impunidad.
“Estuve leyendo el comunicado de prensa que sacó la PGR la semana pasada y lo primero, el título es ‘personas no localizadas” y cuando hace la definición de personas no localizadas, habla de personas que se desconoce su paradero y que se ha hecho del conocimiento de la autoridad. Uno, con esa definición engloban todo tipo de personas no localizadas incluidas las desapariciones forzadas; segundo la autoridad no actuó activamente en buscar a las personas, pero cuando da los ejemplos la PGR habla de ausencia voluntaria, problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración, reclusión, fallecimiento o víctima de otro delito, no menciona con nombre y apellido la desaparición forzada”.
Para el especialista, esta omisión dificulta poder entender las diferencias entre las personas no localizadas y las desaparecidas de manera forzada, además de que omite que existe participación estatal y que es una política y práctica planificada.
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