WASHINGTON/BRUSELAS/BERLÍN (Proceso).- Ante la imagen negativa que México proyecta en el exterior por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó una estrategia de control de daños: Las embajadas mexicanas envían cartas y comunicados a gobiernos y parlamentos de las naciones ante las cuales están acreditadas, los jefes de misión convocan a periodistas para “retransmitirles” el mensaje que el mandatario leyó el lunes 6 o hacen “visitas de cortesía” a medios locales para ofrecer la versión de lo que “realmente” ocurre en el país.
El objetivo: Crear la percepción de que el gobierno mexicano tiene el control de la situación en varios estados –donde en realidad la violencia está desbordada– y cumple sus compromisos internacionales en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Y es que la matanza de Tlatlaya, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y el descubrimientos de las fosas clandestinas en Iguala –hechos ampliamente difundidos por la prensa internacional–, empiezan a tener efectos concretos en materia de política exterior: la Organización de las Naciones Unidas, la de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de Estados Unidos condenaron los acontecimientos y exigieron una investigación completa y transparente para esclarecer esos crímenes y llevar a ante la justicia a los responsables.
Más aún: 16 diputados del Parlamento Europeo solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente ambas partes, se suspenda hasta “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.
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