En conferencia de prensa, Austreberta Cazares, madre de Verónica Razo; Norma Jiménez; Belinda Garza, Claudia Medina, Italia Méndez, Ana María Velasco y Yolanda Muñoz expusieron ante los medios de comunicación la violencia institucional padecida. Toda vez que las autoridades judiciales, lejos de atender sus demandas, lanzan amedrentamientos en su contra y ponen en entredicho sus denuncias y declaraciones sobre la tortura sexual de la que fueron víctimas, por parte de policías locales, federales, del ejército o de la marina.
Acompañadas de la Premio Nobel de la Paz, Jody Williams, y Marusia López, directora de JAAS-México, exhortaron a todas las mujeres que han vivido cualquier tipo o modalidad de violencia a denunciar y tejer redes de solidaridad entre todas para ir acabando poco a poco con la impunidad en la que permanecen los agresores.
En apoyo a la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual” –que inició el 5 de mayo y se ofrecerá una evaluación de la misma el próximo 24 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres–, Jody Williams expresó que es ahora cuando “tenemos que quitar la impunidad de los que tienen el poder y usan este poder como quieren”.
Esta campaña que forma parte de la campaña internacional en contra de la violencia sexual en países en conflicto, porque pese a que “México no está en guerra formal […] lleva décadas en conflicto”, ante la corrupción que campea en los tres niveles de gobierno.
Jody Williams –una de los 12 premios Nobel que exigieron al gobierno de Obama informar “en qué medida el gobierno estadounidense y sus representantes autorizaron, ordenaron y realizaron torturas a seres humanos”– lamentó que “la opresión en este país sigue como siempre y está creciendo, si es que se puede imaginar espacio para aumentar la represión que vive el pueblo mexicano”.
Vivir en México, abundó Williams, significa para las mujeres vivir bajo una presión constante ante el acoso sexual y la violencia ejercida en contra de ellas en cualquier ámbito (en la familia, en la escuela, el trabajo, en la comunidad etc), por lo que reiteró que el objetivo de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas” es “cambiar el enfoque”, dado que se responsabiliza a las mujeres por haber sido violadas o torturadas sexualmente:
“Con preguntas como:’¿Cómo estabas vestida?, ¿estabas tomada?’. Y nada se dice de los agresores, de los hombres violadores”, ejemplificó la también profesora y defensora de derechos humanos. Asimismo, comparó lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa con la masacre de Tlatelolco ocurrida hace 46 años en la que el Estado ordenó la matanza de cientos de jóvenes estudiantes.
Indicó que las autoridades mexicanas se jactan de tener resultados, cuando el escenario no ha cambiado, en casos como el de Atenco en el que fueron detenidas más de 200 personas (46 mujeres entre ellas) que se oponían a la construcción del Aeropuerto sobre una zona agrícola. En este ataque perpetrado por la policía del Estado de México en 2006 durante la Administración de Enrique Peña Nieto, 26 mujeres denunciaron violaciones sexuales.
Por su parte Araceli Olivos, indicó que a nivel federal en México “solamente hay dos sentencias firmes en más de 12 años. Eso significa una impunidad absoluta en el caso de mujeres que denuncian haber sufrido tortura sexual por agentes del Estado. La situación es que no hay persecución de los responsables, desde luego que no hay sanción y tampoco ha habido reparación”.
Como abogada del Centro de Derechos Humanos, Olivos indicó que se han realizado solicitudes de información “a las dependencias correspondientes para que nos den los números de las mujeres que han denunciado violencia sexual. Cuántas de ellas denunciaron durante un proceso de detención o estando sujetas a procesos penales, porque aquí hay algo clave: que muchas de las mujeres que estuvieron detenidas fueron torturadas por policías o militares o marinos”.
En ese sentido, Marusia López subrayó que “uno de los grandes problemas que hay en México es el subregistro de la violencia contra las mujeres. Sabemos que es una ardua la lucha de las organizaciones feministas para que se documente, para que haya estadísticas desarrolladas por género acerca de la situación de las mujeres en situación de violencia. Todavía no tenemos un sistema que lo permita saber”.
López puntó que el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) “reconoció que se asesinan cada día a 6.4 mujeres. Y atrás de ese número están las vidas de las familias; las historias de las mujeres cuyos casos no son registrados”.
Asimismo, Marusia reparó en las agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos que incluso llegan a ser “aprehendidas por el Estado”. Tales son los casos de Nestora Salgado, quien denunció al presidente municipal de Olinalá, por sus vínculos con el crimen organizado en el estado de Guerrero, y hoy se encuentra en un penal de alta seguridad en Nayarit.
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