La CNDH pidió a autoridades garantías para ejercer el derecho a la protesta
Aplicar de facto la ‘ley Eruviel’ otorga protección a los cuerpos policiacos ante posibles violaciones a los derechos humanos
Luego de que entrara en vigor el aumento al precio de lo combustibles, han tenido lugar diversas protestas a lo largo del país, algunas de las cuales han derivado en hecho violentos.
Ante ello, defensores de derechos humanos alertan sobre la infiltración de grupos ajenos a las demandas populares, los cuales están encaminados a “justificar” que el gobierno de Enrique Peña Nieto recurra a la represión y a la suspensión de garantías.
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), y Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) del Estado de México, coincidieron en esta afirmación en dos entrevistas distintas.
Este hecho, es motivo de preocupación para ambos defensores, pues ante el reclamo legítimo de la ciudadanía se busque operar de facto una legislación en materia de seguridad pública que está en discusión, como la Ley de Seguridad Interior, o la llamada “Ley Eruviel” que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México.
Por ello el pasado 5 de enero, la CNDH pidió a autoridades federales, estatales y municipales, garantías para ejercer el derecho a la protesta, al tiempo que reprobó el vandalismo y los saqueos.
El secretario ejecutivo de la Red TDT resalta que la infiltración de los movimientos sociales ha sido una táctica registrada desde el primer día en que Enrique Peña Nieto tomó posesión, durante las marchas de diciembre de 2012, por lo que no es aventurado suponer que lo mismo ocurra en estos momentos con las protestas por los gasolinazos.
“Hemos visto cómo la gente infiltrada… sirve para ir abonando a un ambiente de represión. Que haya una mano dura a la que recurre este Estado que no tiene soluciones”, aseguró.
Los actos de rapiña en el país “están siendo efectivamente realizadas por ciertos grupos de intereses extraños, ligados al gobierno, y estas situaciones pueden abonar a leyes que sean contrarias a los derechos humanos” asegura Ríos Martínez.
La reacción de inconformidad en el país es natural ante “un despojo generalizado, como es el aumento al precio de las gasolinas”, dice Ríos Martínez.
Al mismo tiempo agrega que éste sería el primero de una serie de despojos y de violaciones a derechos humanos que traerá la reforma energética, contra la que la Red TDT promovió amparos entre septiembre y octubre de 2014, sobreseídos por jueces federales.
Se busca alentar la represión y el “uso de la fuerza”, con una fórmula conocida: “Estas situaciones que parece que se salen de control, buscan luego una justificación del uso de la fuerza y se va provocando que el Estado sea favorecido al final de estas protestas, porque es quien nos ha ‘salvado’ de la situación de conflicto”.
Por su parte Antonio Lara Duque, asegura tener testimonios de la intervención directa de cuerpos policiacos estatales y municipales, tanto en saqueos como en la propagación de mensajes orientados a crear miedo entre la población.
La psicosis por los saqueos ha sido inducida por los cuerpos policiacos, sostiene Lara, quien con su organización ha monitoreado las manifestaciones por el gasolizazo.
Expone que personas que atestiguaron el saqueo de la tienda Chedraui de Nicolás Romero, el lunes 2, advirtieron de la presencia de agentes municipales y estatales, quienes “no sólo no intervinieron, sino que varias de las televisiones y de los aparatos electrodomésticos que fueron robados, fueron depositados en la parte de atrás de las camionetas de las policías municipal y estatal por las personas que los sustrajeron de la tienda, quienes luego regresaban por más productos”.
Según Lara, vecinos dijeron al CDHZL que los agentes recorrían colonias populares que participaban en protestas, para advertir que “no salieran de sus casas o que desalojaran calles y comercios, porque grupos armados y personas con capuchas iban a causar desmanes y a saquear”.
“Aplicar de facto la ‘ley Eruviel’, que legitima el uso excesivo de la fuerza, lo único que hace es otorgar protección a los cuerpos policiacos ante posibles violaciones a los derechos humanos, y sobre todo protege a los altos mandos, incluidos presidentes municipales y al gobernador”, asegura Lara.
Fuente: Proceso
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