Las nuevas cárceles tuvieron retrasos de dos, cinco y hasta ocho años
La deuda es equivalente a lo que Pemex perdió por las tomas clandestinas de combustible desde el año 2000
A pesar de que no contó con la autorización del Congreso de la Unión, durante la administración del expresidente Felipe Calderón se contrató a proveedores privados para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos.
Fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien dio a conocer lo anterior, quien señaló que Calderón no tuvo que desembolsar ni un sólo centavo, ya que las obras las pagaría mensualmente en un plazo de 22 años, lo cual le permitió a su administración que dicha transacción no fuera considerada públicamente como deuda.
Según la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, estos compromisos deben ser considerados como deuda pública, misma que necesita de la regulación y aprobación del Congreso, lo cual finalmente no ocurrió.
Para tener una idea de la magnitud de la deuda, el monto a pagar es igual a todo el dinero que ha perdido Pemex por el robo de combustible desde 2000.
Durante la revisión de la cuenta pública de 2015, la Auditoría encontró que en diciembre de 2010, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, dirigida por Genaro García Luna, había firmado siete contratos para la construcción y operación del mismo número de penales, donde el contrato del octavo de ellos se signó en marzo del siguiente año.
Por ello, alertaron que gracias a estas obras, se comprometieron por años miles de millones de pesos, “saltándose” lo que marca el artículo 74 de la Constitución, que señala que cualquier proyecto de inversión debe contar con la aprobación del Congreso.
“Por los compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los Centros penitenciarios”, señalaron los auditores.
Los penales en cuestión se construyeron en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila.
Sumado a ello, las obras presentaron retrasos, ya que los penales debían ser terminados dos años después de la firma de los contratos, es decir, en 2012, mientras que el octavo de ellos tuvo que entrar en funciones en marzo de 2013, sin embargo, esto no ocurrió en casi todos los casos.
Sólo dos de ellos comenzaron a operar en octubre de 2012, los de Sonora y Guanajuato, mientras que los de Chiapas, Durango y Oaxaca comenzaron en mayo, junio y diciembre de 2013. Por su parte, el de Morelos inició hasta mayo de 2015 y el de Michoacán en marzo del año pasado. Por si fuera poco, el de Coahuila ni siquiera ha comenzado a entrar en funciones.
Las empresas que no entregaron las obras a tiempo no serán sancionadas por el incumplimiento de los compromisos establecidos.
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