La familia del periodista desaparecido Moisés Sánchez Cerezo y la organización internacional Artículo 19, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha mantenido “omisa” ante el caso, pese a que ellos ya solicitaron formalmente que investigue el paradero del también activista a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, (FEADLE).
Moisés Sánchez Cerezo, periodista del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, fue privado de la libertad por hombres armados el pasado 2 de enero a las 19:00 horas cuando el comunicador se encontraba en su domicilio, en la colonia Gutiérrez Rosas.
De acuerdo con testigos además de sacarlo con violencia de su vivienda, los responsables se llevaron su computadora, cámara fotográfica y celular.
Sánchez Cerezo es director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo, medio de comunicación que informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas de su municipio.
La organización Artículo 19 detalló en un comunicado que en las últimas semanas Sánchez Cerezo informó de los sucesos de violencia en la zona. Añadió que el periodismo y activismo realizado por Moisés provocó el enojo del Alcalde de Medellín de Bravo, pues “tres días antes de la privación del periodista, éste se enteró a través de una fuente confiable que el Alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”.
Este día, a través de un comunicado, Artículo 19 detalló, que junto con la familia de Sánchez Cerezo, solicitaron por escrito a la PGR investigar el caso del comunicador, sin embargo hasta el momento no han obtenido respuesta.
La organización denunció que “parte fundamental de la impunidad, se debe a que las autoridades locales no sólo son quienes agreden a la prensa, sino que también, son las mismas encargadas de impatir justicia”.
Consideró que “la negativa de atracción constituye una clara violación a la ley que establece las casuales bajo las cuales podrá ser atraída una investigación.
Además, resulta contraria a la razón de la reforma constitucional y legal que le permite conocer los delitos contra la libertad de expresión, siendo ésta la disminución de la impunidad prevaleciente”, agregó.
Por ello, señalaron como fundamental que antes de que se venza el plazo de 48 horas desde que se hizo la solicitud, que la literal de la FEADLE, Laura Borbolla, se pronuncie a favor de atraer el caso.
Tomado de sinembargo.mx. Foto de Proceso
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