El Gobierno mexicano ha acogido con extrema frialdad la decisión de la Suprema Corte de Justicia de abrir las puertas a la legalización de la marihuana con fines recreativos y sin ánimo de lucro. Atento a las encuestas, que aún muestran una opinión pública mayoritariamente contraria a este paso, el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto trató por todos los medios de minimizar el alcance del histórico fallo, descartó emprender reformas legales, y se limitó a ofrecer la apertura de un debate nacional sobre la cuestión.
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