Algunas de las modificaciones son no suspender a los responsables de las obras
En noviembre de 2016 el jefe de Gobierno eliminó artículos que habían sido aprobados en junio de ese mismo año y que fortalecían la protección legal de la gente en caso de daños estructurales a su vivienda
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, suspendió artículos del Reglamento de Construcciones en los cuales se establecían sanciones en contra de Directores Responsables de Obra (DRO) cuyos dictámenes pusieran en peligro la vida de las personas.
Lo anterior cobró más relevancia luego de las múltiples irregularidades que quedaron evidenciadas en los edificios que resultaron dañados tras el terremoto del pasado 19 de septiembre.
Gracias a esto, Mancera eliminó las facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, quienes eran los encargados de aplicar sanciones administrativas a los directores de obra, mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial el 10 de noviembre de 2016, según consta en el artículo tercero transitorio.
Esto se llevó a cabo con la intención de que una Comisión para el Estudio y Propuestas de reformas de dicho Reglamento revisara las modificaciones de ley aprobadas en junio de 2016, “con una visión futurista y de grandes proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, garantizando con ello mejores condiciones de vida para sus habitantes”.
Entre los artículos suspendidos por Mancera, está el 42, fracción III, el cual contemplaba la “cancelación del registro de Director Responsable de Obra (DRO) o de Corresponsable, según sea el caso, independientemente de la reparación del daño, así como de la responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal, cuando: a) No cumplan con las disposiciones del presente Reglamento, causando situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes”.
En ese mismo texto se agrega que “en los casos de cancelación de registro, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o el Instituto, según sea el caso, no otorgará nuevamente al infractor el registro en ninguna de las especialidades”.
Así, en noviembre de 2016 el jefe de Gobierno eliminó artículos que habían sido aprobados en junio de ese mismo año y que fortalecían la protección legal de la gente en caso de daños estructurales a su vivienda.
Además de esto se suspendieron otros en los que se hablaba sobre la necesidad de verificar documentos de seguridad estructural o la necesidad de crear un seguro de responsabilidad civil por parte del constructor.
Todo esto con la única intención de beneficiar a las empresas constructoras, según la opinión de diversos especialistas.
“Lo que se había avanzado por presión de un grupo de ingenieros en junio de 2016, en noviembre ya estaba suspendido. Y ahora que la gente quiera meter denuncia, estas suspensiones hacen que la gente no tenga herramientas para poder resarcir o sancionar a los responsables”, comentó Josefina Mac Gregor, directora de la organización civil Suma Urbana, en entrevista con el HuffPost.
“Estas modificaciones al Reglamento de Construcciones lo único que hacen es eliminar responsabilidad de la autoridad en cuanto a sancionar a DROs y eliminar responsabilidad de los constructores y reducirle el costo a las constructoras, porque les quitas muchos elementos de costo que finalmente existían e incidían en la seguridad de su construcción. Es un pacto”, agregó Mac Gregor.
La suspensión de los artículos hecha por Mancera se da a pesar de que diferentes expertos en riesgos sísmicos señalan que las inspecciones y los controles para la seguridad de los edificios en la Ciudad de México siguen siendo débiles.
Según un estudio de Eduardo Reinoso, investigador en ingeniería sísmica por la UNAM, gracias a 150 edificios construidos después de 2004, encontraron que muchos inmuebles de la capital no cumplían con los estándares oficiales.
“En varios casos, los edificios revisados ni siquiera tenían el papeleo suficiente de planos y otros factores como para revisar por completo el cumplimiento”, dijo de acuerdo con un reportaje de The New York Times.
“A pesar de lo establecido en el Reglamento, no se entrega suficiente información técnica sobre el edificio a construir. Consecuencias: prácticamente en ningún caso (la información) es útil y completa para verificar el análisis y diseño del edificio”, enfatizó el estudio Evaluación de estructuras de concreto en la Ciudad de México.
“La autoridad no verifica ninguna parte del proceso relacionado con el riesgo sísmico. Existen edificios por los que nadie responde ni va a responder. Existe una impunidad flagrante. Hay errores y fallas evidentes, y no se castiga a los culpables, ni siquiera se les busca”, finaliza el mismo texto.
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