Ciudad de México, 8 de marzo.– La noche del 25 de enero pasado, el Fiscal General de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del periodista y activista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo, quien había sido secuestrado desde el 2 de enero. El funcionario señaló como presunto responsable a Omar Cruz Reyes, Edil panista de Medellín de Bravo, quien tras pedir licencia al cargo “se ha metido en un hoyo” y “no se sabe dónde está”.
Jorge Sánchez Ordóñez, hijo del periodista, reveló que desde los primeros días de febrero el Edil ya no asistía a la Presidencia Municipal, que su abogado le recomendó que se escondiera y que “no se sabe dónde está”, desde que la Fiscalía lo señaló como presunto responsable del homicidio de Moy Sánchez.
El Fiscal General de Veracruz afirmó que el Alcalde –ahora con licencia– Cruz Reyes era el probable autor intelectual del homicidio, con base a los testimonios de las personas que participaron en el plagio y el posterior asesinato de Sánchez Cerezo.
De acuerdo con el medio Plumas Libres, la Alcaldesa interina Betsabé Solís Neri, quien fue designada luego de que el Cabildo de Medellín le otorgó a Omar Cruz una licencia por 59 días el pasado 11 de febrero, aseguró que no tienen ningún contacto con el Edil con licencia.
“En este momento yo no tengo contacto con él; supongo que él está ocupado con lo que ustedes ya saben, pero contacto con él pues no tenemos”, declaró.
A 42 días del hallazgo del cuerpo, hoy el Edil continúa en libertad y será hasta el próximo miércoles cuando el Congreso veracruzano decida si le quita o no el fuero para que la Fiscalía pueda proceder en su contra.
Los legisladores locales decidirán en una audiencia de desahogo de pruebas si le quitan el fuero al Edil. Sin embargo, no es necesario que Omar Cruz se presente ante el Congreso, por lo que puede ser sólo su abogado el que asista.
Hasta ahora, miembros de la Comisión a cargo del caso han adelantado que las autoridades judiciales no cuentan con una “acusación contundente” contra el funcionario panista.
El pasado 2 de enero, día en que Sánchez Cerezo fue sacado por un comando de su domicilio. Su familia acusó que el periodista había recibido una amenaza tres días antes de su desaparición, en la que supuestamente Omar Bravo “pretendía callarlo dándole una lección”.
Y es que Moisés Sánchez, editor del diario La Unión de Medellín, se convirtió en una voz crítica contra las autoridades de ese municipio, no sólo a través de su medio de comunicación en el que denunciaba la inseguridad y las carencias con las que vivía la comunidad, sino además por exigir públicamente al Edil la entrada de las fuerzas federales ante el incremento de la violencia.
Luego del secuestro, la familia de Moisés comenzó a circular un vídeo donde se apreciaba el momento en que el periodista encaró a Cruz Reyes y le reclamó: “Te acuerdas, te acuerdas, he recibido agresiones de tu parte”.
Pero, casi de inmediato, luego de que el Fiscal del Estado lo señalara como presunto responsable del asesinato del periodista y anunciara que pedirían el desafuero, el Edil Cruz Reyes dejó de asistir a la Alcaldía, y aunque su abogado Sergio Vaca Betancourt dijo, en ese momento, que el funcionario ya no se encontraba en el municipio, esto nunca se notificó al Congreso local.
Jorge Sánchez acusó que el abogado del Edil fue quien le recomendó que se escondiera. “El fuero lo está utilizando para esconderse”, arremetió.
Además dijo que “si fuera inocente daría la cara, hubiera dado la cara a las autoridades”, pues consideró que alguien que no tiene culpa no se esconde “como lo está haciendo el Alcalde”.
Adelantó además que “el Fiscal sostiene que son sólidas las investigaciones y que los requisitos [para el desafuero] se cumplen: el señalamiento de su presunta participación en el homicidio”.
Pese a que el mismo Fiscal Luis Ángel Bravo ha asegurado que el caso contra Cruz Reyes es “solvente”, el Diputado y secretario de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Edgar Hugo Fernández Bernal, declaró en días pasados que la investigación sigue siendo endeble y nada contundente la acusación de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad del Alcalde de Medellín del Bravo.
El pasado 2 de marzo, entrevistado por medios locales al concluir una reunión de trabajo de la comisión, el legislador declaró:
“Desde mi punto de vista personal no alcanzó a percibir una acusación contundente contra el Alcalde, desde un principio percibí que este asunto se integró a una investigación ministerial muy expedita, con testigos de oídas y no se ve una corresponsabilidad en la autoría intelectual en este caso”.
Incluso consideró que es necesario que la Fiscalía General del Estado aporte más elementos que respalden su acusación.
Jorge Sánchez informó que durante una reunión que tuvo con Bravo Contreras, el funcionario le comentó que con la Fiscalía cuenta con las pruebas necesarias que “bastarían para que el Edil sea desaforado”.
Incluso el mismo Fiscal General, el pasado 4 de marzo, dijo a la prensa veracruzana que será él quien se presente ante el Congreso local el próximo 11 de marzo para entregar nuevas pruebas sobre el caso para consolidar su petición de separar del cargo al Edil.
“Yo propiamente acudiré a hacer las alegaciones, es una audiencia que forma parte de un protocolo en donde las partes (acusada y acusadora) tendrán que sostenerse en la postura que consideren”, dijo el funcionario.
Además manifestó su confianza en las pruebas que la Fiscalía ha aportado para sustentar la responsabilidad de Omar Cruz, por lo que adelantó que el Congreso del Estado habrá de desaforarlo.
En tanto, Jorge Sánchez dijo que la exigencia de la familia va dirigida en torno a que los legisladores le quiten el fuero para “que el Alcalde responda ante las autoridades”.
Además, criticó que a la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) aún no ha querido atraer el caso, petición que hicieron desde la desaparición de Moisés Sánchez.
“La PGR tiene que atraer el caso, está demostrada la presunción del Alcalde y la posible vinculación con el crimen organizado”, agregó.
El joven expuso que esa dependencia hasta ahora continúa “sólo coadyuvando” a la Fiscalía estatal con el caso. Por lo anterior, consideró que la Procuraduría sólo “está haciendo política. No quieren tener un costo político”.
También aseguró que luego del caso de las desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la PGR “quiere evitar la cuestión política”, y no involucrarse en este caso.
Con información de Sin Embargo
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