De ser confirmadas dichas versiones, los detenidos podrían quedar libres
Acusan que en las investigaciones del caso hubo diferentes anomalías, como que uno de los detenidos fue torturado hasta que le estallaron los tímpanos
Después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supiera que los detenidos por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa fueran torturados, convocó a una reunión con los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.
Debido a que a uno de los sospechosos le aplicaron el “teléfono”, una tortura que consiste en el estallido de tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes, la investigación del caso podría demostrar que no se cumplió con el debido proceso, por lo que se corre el riesgo de que los siete detenidos queden en libertad, según fuentes federales consultadas por el periódico El Universal.
Cabe señalar que en agosto de 2016, la investigación de la PGR, encabezada por Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo rodeada de supuestas ilegalidades, lo cual quedó documentado en el informe que elaboró la Visitaduría General de la Procuraduría, mismo que terminó desechado oficialmente.
Acusan que los detenidos podrían comenzar un juicio en contra de las autoridades, ya que violaron la ley: hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.
Dicho informe fue elaborado por César Chávez, visitador de la PGR, el cual señaló que la detención hecha por el Ministerio Público federal a Blanca Alicia Bernal Castilla y a Agustín García Reyes fue de manera “ilegal y arbitraria”: “Blanca Alicia Bernal Castilla estableció que había recibido el dictamen médico el día 27 de octubre a las 23:15 horas, cuando el teniente Javier Castro, de la Marina, no había concluido la valoración”.
Sumado a que la visita de García Reyes al río San Juan, donde supuestamente estaban los restos de los jóvenes, no quedó asentada en la averiguación. Esto sólo se pudo conocer gracias al video que se hizo público, en donde Zerón llevó a cabo una inspección “sin causa legal que lo justificara”.
Lo anterior se suma a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que el parte médico de la Marina no reportó que el detenido tenía lesiones, sin embargo, 11 horas después reportó 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca.
Además, dos de los siete detenidos, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, fueron detenidos “en flagrancia” portando armas de fuego, esto fue señalado por la visitadora como algo que no probaba nada en el caso, lo cual ocurrió también con Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa y Darío Morales Sánchez.
De acuerdo con oficiales del gobierno federal dijeron que confían en que de ser confirmadas estas anomalías puedan ser subsanadas por la PGR.
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