Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Carlos Mateo Aguirre Rivero y Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre; ambos están acusados de formar parte de una presunta red de corrupción, que desvió al menos 287 millones de pesos de recursos federales y estatales.
La PGR informó que, el 16 de febrero, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, resolvió dictar auto de formal prisión contra los dos familiares del mandatario guerrerense, así como contra Víctor Felipe Hughes Acosta -ex subsecretario de Finanzas de Guerrero-, Paulo Ignacio Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, Henry Paul Hughes Alcocer, Mauricio Francisco Hughes Acosta y Jorge Eduardo Hughes Acosta.
“Lo anterior, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de la consignación realizada por el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada”, detalló la Procuraduría.
La semana pasada, la PGR cumplimentó las órdenes de aprehensión, tras acreditar que ex servidores públicos del estado de Guerrero, operaban una red de empresas con las cuales triangulaban recursos.
El referido grupo -encabezado por Mateo Aguirre-, recibió en 2012, 2013 y 2014, recursos provenientes del erario público local y federal en sus cuentas bancarias personales.
El monto de los recursos desviados -hasta ahora detectados- asciende a 287 millones 12 mil 594 pesos.
Los recursos fueron triangulados entre enero de 2012 y septiembre de 2014, a través de las empresas: Constructora Travesa S.A., de C.V., Comercializadora 2003 S.A., de C.V., y Comercializadora Topacio.
Las dependencias locales y federales desde las que se obtuvieron los recursos públicos hacia las empresas, que subsecuentemente los canalizaron a cuentas personales, son:
-Comisión Federal de Electricidad
-Banobras
-Tesorería de la Federación
-Comisión Estatal del Agua
-Consejo Estatal de Seguridad Pública
-Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero.
Se detectó que familiares de los ex servidores públicos, relacionados con estas operaciones ilegales, fungen como representantes legales, apoderados y autorizados en las cuentas bancarias en las diversas empresas, a través de las cuales se operaba el desvío de recursos.
Con Información de Aristegui Noticias
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