Antes se debían consultar a las comunidades acerca de las políticas forestales
Ahora los órganos civiles no podrán participar ni supervisar. El dinero será manejado por el gobierno federal
Los diputados del PRI, PAN, PVEM y PES, aprobaron el pasado 7 de marzo la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reforma legal con la cual las agrupaciones y personas civiles que supervisaban la política forestal mexicana sólo serán medios de consulta, y perderán sus facultades de supervisión y decisión.
La reforma que se aprobó en la Cámara de diputados (que necesita del visto bueno del Senado para cobrar vigencia) también suprime el derecho que antes tenían los sectores civiles y productivos de vigilar cómo se usan los recursos del Fondo Mexicano Forestal, facultad que ahora tendrá el gobierno federal, mediante la Comisión Nacional Forestal.
Gustavo Sánchez, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales )que ha trabajado durante 25 años en comunidades de vocación forestal detalló que desde el año 2003, en el país se creó el Consejo Nacional Forestal, que posee divisiones estatales, en donde hay representantes de las comunidades ejidales, comunales, indígenas, campesinas y otras por el estilo, mismas que tienen la titularidad del 80% de los bosques y selvas de todo el territorio nacional.
Desde ese año, dicho organismo nacional (y sus ramificaciones en las entidades) , realizaban funciones de supervisión y vigilancia, previstas en la ley, sobre aquellas propuestas que incentivar las autoridades federales y estatales en materia forestal; en otras palabras, las agrupaciones de integración civil debían aprobar las normas o reglamentos relacionados con los bosques y selvas, al igual que los permisos de explotación.
Con esta nueva ley que los diputados aprobaron (con excepción de los partidos PRD, Morena y Movimiento Ciudadano) le remueve a los consejos forestales la posibilidad de sueprvisar y vigilar, ahora sólo podrán servir como consulta y asesoría.
Por su parte el biólogo Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, explicó que con este cambio se violan convenios internacionales firmados por el Estado mexicano, como el 189 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que establece que debe existir un acuerdo previo, libre e informado de las comunidad indígenas y los pueblos, acerca de cualquier situación que afecta a sus territorios.
“Si el 80% de los bosques y selvas mexicanos son territorios de comunidades indígenas y equiparables –se preguntó el especialista–, ¿cómo es posible que a los consejos forestales, que son los espacios de participación de estas comunidades, se les esté dejando fuera de la toma de decisiones?” cuestionó el especialista.
El experto enfatizó que, como se quitó al sector civil de la toma de decisiones en los temas forestales, al igual que el uso de los recursos públicos que se destinan a esta materia, “lo que están haciendo es concentrar poder y dinero en vísperas de un periodo electoral, y hay que recordar que, históricamente, el sector forestal es presa de presiones electorales: está integrado por ejidos, por comunidades y pueblos que son acosados clientelarmente… es decir, hemos comenzado a pensar mal de todo esto: nos damos cuenta que detrás de esta reforma hay una estrategia de concentración de poder, de desarticulación de espacios de participación socia, y de manejo arbitrario de recursos, todo a punto de que arranque la contienda presidencial” finalizó el biólogo.
Fuente: Animal Político
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