Beatriz García, diputada por Morena, promovió la reforma
El PAN votó en contra de dicha iniciativa, sin argumentar sus razones
El congreso del Estado de México aprobó sanciones de hasta cuatro años y medio de prisión para quien o quienes obliguen a cualquier persona a recibir terapias de conversión sexual.
Beatriz García, diputada por Morena, promovió reformas al artículo 211 del Código Penal de la entidad, al que se incorporaron delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y de la identidad sexual.
Cabe señalar que el Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra de dicha iniciativa, sin argumentar las razones del mismo, según información referida por Proceso.
La determinación estableció de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario, así como entre 50 y 200 días multa para quien someta, coaccione u obligue a otra personas a recibir o realizar procedimientos para cambiar su orientación sexual.
La reforma destacó que si estos métodos se ejercen contra menores de edad, con discapacidad, adultas mayores, privadas de libertad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, la pena aumentará en una mitad.
Lo anterior significa que en dichos casos las sanciones alcanzarían hasta cuatro años y medio de prisión o 150 días de trabajo comunitario, así como 300 días multa.
La misma situación sería cuando la víctima sea ascendiente, descendiente, hermano, pupilo, cónyuge, tutor, concubina o concubinario del inculpado.
En ambas circunstancias se perseguirá de oficio el delito y con independencia de otras conductas que impliquen la comisión de otras infracciones.
Explicaron que las terapias de conversión sexual se entenderán como prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos que ejercen violencia física, moral, psicoemocional o sexual, para atentar contra la autodeterminación sexual de las personas.
García Villegas afirmó que tales terapias erosionan la autoestima e incrementan el riesgo de depresión, de comportamientos suicidas, y de abusos de sustancias, entre otros.
Dijo que se han dado casos de violación correctiva o punitiva, en estas terapias, por lo que consideró como una necesidad el promover las terapias de aceptación en lugar de las de conversión.
La legisladora enfatizó que la comunidad LGBTTTIQ+ ha sido históricamente violentada en sus derechos humanos, por lo que aún quedan varios retos que deben atenderse con urgencia.
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