Desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, el gobierno ha rechazado los señalamientos en torno a las constantes violaciones graves a derechos humanos que se cometen en México.
Por ejemplo, en febrero de 2015, la ONU indicó que en nuestro país las desapariciones forzadas son generalizadas y lamentó los “pocos avances en la implementación” de las medidas sugeridas por el órgano internacional “para enfrentar los problemas estructurales” en la materia.
A los pocos días, el Gobierno federal rechazó el informe, afirmó que no reflejaba la situación de México y que los aportaba elementos adicionales que reforzaran las acciones y los compromisos establecidos para solventar los retos mencionados en dicho documento.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo entonces que esas recomendaciones son una respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, que tuvo lugar los días 2 y 3 de febrero pasados en Ginebra, Suiza.
Un mes después, Juan Méndez, relator de la ONU, respondió que su informe se basó en cientos de testimonios, luego que las autoridades mexicanas dijeran que sólo habia tomado una decena para hacer sus aseveraciones y que la tortura no era una práctica “generalizada”.“Mi afirmación de que la tortura es una práctica generaliza en México se basa en cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las cárceles y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños y niñas, me dijeron que habían padecido actos de brutalidad durante su detención”, expresó Méndez en una conferencia de prensa.
Inmediatamente, el gobierno negó estas declaraciones, señalando que la ONU no revisó la información entregada por el Estado.
En octubre de 2015, la Comisión interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) presentó un informe que contradice la “verdad histórica” sobre los estudiantes de Ayotzinapa, pero una vez más, el gobierno rechazó los señalamientos.
Además, el informe da cuenta a detalle de la desaparición y desaparición forzada que se registra en grandes extensiones del territorio mexicano, cuyo número asciende a 26 mil 798 personas no localizadas, y subraya que es innegable la participación de agentes del Estado en muchos de esos casos.
La CIDH acusó que el gobierno emprendió una campaña para desacreditar sus investigaciones e indicó que en México “hay una grave crisis de derechos humanos”.
De nueva cuenta el gobierno rechazó el informe internacional, argumentando, otra vez, que “noreflejaba la realidad del país”
Con estos ejemplos, ¿será que el gobierno mexicano vive en otra realidad a la del resto de los mexicanos?
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