La investigación documentó las promesas no cumplidas por el presidente Enrique Peña Nieto
La organización Amnistía Internacional dio a conocer graves violaciones a los derechos humanos en México, las cuales evidencian las promesas no cumplidas por el presidente Enrique Peña Nieto, quien en pocos meses concluye su administración.
“Un México en paz” fue la promesa que Peña Nieto hizo para su sexenio, sin embargo, el “Informe 2017/18 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo” reveló todo lo contrario, lo cual se refleja en los altos índices de violencia.
“Graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria (…) y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevados a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos son tolerados”, expresó Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El informe documentó que las detenciones y reclusiones arbitrarias continúan siendo generalizadas en el país, muchas de las cuales derivan en otras violaciones de derechos, como torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
La anterior afirmación se basa en “errores importantes” que muchas veces contienen los informes policiales de detenciones, entre los cuales se encuentra información falsa y deficiencias como imprecisiones en el registro de la fecha y hora de la detención.
La organización expresó que el panorama resulta alarmante, sobretodo después de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual abre la posibilidad de permitir “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil”.
En los casos de violaciones a los derechos humanos de casos particulares como los migrantes, AI destacó una investigación de un órgano consultivo ciudadano que demostró la implicación del Instituto Nacional de Migración (INM) en varias violaciones contra personas extranjeras que fueron privadas de libertad en centros de detención para este tipo de ciudadanos sin residencia legal en nuestro país.
Entre las faltas cometidas por el personal del INM se encuentran el hacinamiento, falta de acceso a servicios médicos adecuados, aislamiento, denuncias de tortura, entre otros, acusaciones siempre fueron negadas pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó los hechos.
El organismo internacional también señaló que durante 2017 las amenazas, el hostigamiento, las agresiones, así como los homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos continuaron. Tan sólo el año pasado 12 periodistas fueron asesinados, quienes en muchos casos fueron privados de la vida “a la luz del día y en espacios públicos”.
A ésto se suman los indicios de actividades de vigilancia por parte del gobierno mexicano contra periodistas y defensores de derechos humanos, haciendo uso de un software de espionaje, situación que fue del conocimiento público en enero de 2017.
Amnistía Internacional también documentó que en México no existen suficientes datos sobre feminicidios, pese a que los índices de violencia contra las mujeres y niñas han logrado activar la Alerta de Género en 12 entidades.
Sin embargo, hasta finales del año pasado no se pudo demostrar que dicho mecanismo ayudara a reducir el número de agresiones.
Respecto a la comunidad LGBT, destacó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que establece que deben legalizarse los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país, sólo en 12 entidades, incluida la Ciudad de México, pueden hacer uso de ese derecho sin tener que recurrir a amparos.
El informe de Amnistía Internacional también tomo en cuenta a los miles de damnificados de los sismos que ocurrieron el pasado mes de septiembre, pues indicó que no hubo una estrategia integral por parte del gobierno federal para garantizar opciones de vivienda segura y adecuada para las personas que perdieron su patrimonio.
Destacó la sugerencia del presidente Peña Nieto que llegó a pedir a las familias afectadas que se organizaran ellas mismas para reconstruir sus casas.
Por su parte el gobierno de México, a través de su vocero presidencial, Eduardo Sánchez, declaró que está dispuesto a realizar los ajustes necesarios en su estrategia de seguridad, en respuesta al informe de Amnistía Internacional.
Sánchez afirmó que el año pasado se ocuparon del “rediseño de las fuerzas federales y el trabajo de coordinación con estados está dando buenos resultados”, y que en estos momentos el gobierno está atendiendo “principalmente a las zonas
Con información de Animal Político
Sé parte de la conversación