El gasto para programas enfocados a los pueblos indígenas en el Estado de México aumentó 63.25 por ciento en los primeros cuatro años de la administración del priista Eruviel Ávila, pero no ha reducido la marginación ni la pobreza. De 2011 a 2014, el Gobierno mexiquense ha destinado más de 265 millones de pesos en proyectos de infraestructura, algunos financiados por las mismas comunidades, que “poco visibilizan e impulsan a estas comunidades” y la mayoría se utiliza con fines político-electorales, afirmaron expertos en el tema.
El 16 de septiembre de 2011, Eruviel Ávila tomó posesión del Gobierno de Edomex. Desde entonces se han destinado 265 millones 434 mil 164 pesos, de acuerdo con una solicitud de información (número 00003/CEDIPIEM/IP/2015) realizada por el portal SinEmbargo. En el año en el que llegó al poder el monto asignado a los apoyos a comunidades indígenas fue de más de 54 millones de pesos y ya para 2014 se elevó a 86 millones de pesos para este rubro.
Especialistas consultados por el diario digital plantearon que el presupuesto que el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (Cedipiem) destina a los cerca de 379 mil habitantes de lenguas indígenas –que viven en al menos 48 municipios de la región– no fomenta su desarrollo y algunas veces sólo es utilizado para promocionar la imagen del Gobierno local y captar votos.
Los programas atienden proyectos de infraestructura que son financiados a veces por las mismas comunidades, organizan eventos en los que las personas llevan su vestimenta como una forma de promoción cultural, les regalan gallinas, juguetes y cobijas en días festivos, e incluso promueven la adopción de niños indígenas para pagarles útiles escolares y una despensa. Es decir, “posan para la foto, pero no necesariamente existe una vinculación del Gobierno estatal con las comunidades”.
Para el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, conformado por docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), este tipo de programas hacen visible el poco trabajo político que las autoridades han hecho con la gente de las comunidades, a las que –con obras políticas y proyectos– violan sus derechos y no se fomenta el desarrollo de las personas indígenas.
Fuente: Sin Embargo
Sé parte de la conversación