A medida que pasan los días aflora en Tabasco el “saqueo” perpetrado por exalcaldes que dejaron sus cargos en diciembre pasado.
La síndica de Hacienda del municipio de Teapa, Mercedes Aguilar Molina, presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la exalcaldesa priista Elda María Llergo Asmitia, por un presunto desfalco de más de 60 millones de pesos.
De acuerdo con la demanda, la exfuncionaria también se habría “donado” a sí misma, a sus hijos y familiares, 20 predios de áreas verdes propiedad del ayuntamiento de Teapa que ahora encabeza el PVEM.
En rueda de prensa, con documentos en mano, Aguilar Molina precisó que la exalcaldesa priista dejó deudas por 30 millones de pesos y 31 millones más en obras mal hechas, cantidad que, dijo, sigue aumentando conforme se van descubriendo más irregularidades, ya que no dejaron documentación comprobatoria de los recursos ejercidos hasta el 31 de diciembre de 2015.
Explicó de los 30 millones de deudas, en 21 millones se desconoce cómo se integró ese monto en obras públicas, y en una investigación realizada a 10 proyectos –apuntó– se detectó que todos se encuentran incompletos y mal hechos, pero se pagó por ellos 30 millones 438 mil 339 pesos.
Aguilar Molina denunció que la exalcaldesa Elda Llergo donó a título gratuito 20 predios de áreas verdes del fundo legal del municipio a ella misma, a sus hijos y familiares cercanos, “utilizando prestanombres”.
La síndica de Hacienda entregó a la prensa una hoja donde se enlistan ocho terrenos en los que figuran como “prestanombres” de la exalcaldesa las siguientes personas: Lucía Ramos Álvarez, Gerardo García Valencia, Beatriz Brito Sánchez, Lorena del Rosario García, Francisco Flores Ávalos, Juvencio Villegas Hernández, Olga Carballo Jiménez e Irma García Cruz.
Tres predios más están a nombre de Inés Elizabeth Colorado Guirao, cuñada de la exalcaldesa; en dos aparece María Arminda Guirao López, suegra del hermano de la expresidenta; otros dos están a nombre de María Monserrat Cano Fragoso, novia de un hijo de Llergo Asmitia, y en uno más aparece María Monserrat del Carmen Fragoso Pedrero, suegra de otro hijo de la exfuncionaria.
Un terreno más está a nombre de Joel Ramón Acopa, funcionario del ayuntamiento anterior; en otro aparece como dueño Carlos Enoc Sánchez Alor, otro exfuncionario e hijo de una exregidora; uno más está a nombre de Carla Erideth Sánchez Alor, hija de la exregidora Luz María Alor Cruz, y en el último la dueña es Rosa Martha Chávez Hernández, consuegra de Alor Cruz.
Adicionalmente no se comprobó el destino de 5 millones de pesos provenientes de recursos federales del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), lo que provocó que se perdiera una segunda administración de 5 millones, causando daños y perjuicios en materia de seguridad pública al municipio de Teapa.
Además, de 51 vehículos del ayuntamiento, sólo uno se recibió en buenas condiciones y 19 “desvalijados”.
El pasado 29 de enero, el alcalde panista del municipio de Nacajuca, Francisco López, denunció ante la FGE a su antecesor perredista Pedro Landero López por enriquecimiento ilícito, la compra de ranchos, terrenos y casas, y presuntos malos manejos, que entre deuda a proveedores, obras inconclusas pagadas y laudos laborales rebasan el presupuesto anual del municipio, que es de aproximadamente 300 millones de pesos.
El exedil de Nacajuca, municipio de mayoría indígena chontal y uno de los más pobres de Tabasco, fue acusado de los presuntos delitos de peculado, fraude, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, tráfico de influencias, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita e incumplimiento de funciones.
De acuerdo con la denuncia, el exalcalde Pedro Landero compró un rancho en el municipio de Jalpa de Méndez que no manifestó en su declaración patrimonial, así como 13 predios más en el fraccionamiento Pomoca de Nacajuca.
El perredista también donó terrenos propiedad del municipio a proveedores a cambio del pago de deudas del ayuntamiento.
En Nacajuca se revisaron diez obras que fueron pagadas y quedaron inconclusas, lo que provocó un quebranto de más de 14 millones de pesos, y desvíos en varias direcciones municipales, entre ellas la de Protección Ambiental por alrededor de 18 millones de pesos.
Fuente: Proceso
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