Señalan que estos funcionarios sacaron dinero de 12 dependencias públicas
Las autoridades señalaron que tanto Silva como Gina Domínguez, quien también fue vocera de Duarte, resaltan como posibles responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz aseguró que enviará a San Lázaro una solicitud de desafuero en contra del diputado federal del PRI, Alberto Silva, y con ello se podrá proceder legalmente en contra de las irregularidades cometidas durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en la administración de Javier Duarte.
Las autoridades señalaron que tanto Silva como Gina Domínguez, quien también fue vocera de Duarte, resaltan como posibles responsables en un mecanismo que permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos de 12 dependencias distintas.
Dicha funcionaria fue detenida gracias a que tenía una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez local, pese a esto, en el caso de Silva no puede proceder gracias a que cuenta con fuero debido a su cargo como legislador.
Después de que la solicitud de desafuero quede oficializada en el Congreso, se turnará a una comisión para que sea analizada, la cual examinará las pruebas presentadas ante la fiscalía para determinar si es procedente o no el desafuero.
Otro de los funcionarios a los que también se buscó desaforar fue Antonio Tarek Abdalá, acusado de desviar recursos públicos cuando fue secretario de Finanzas del Estado. Aunque finalmente la comisión se negó a ello.
Según las indagatorias de la fiscalía del estado, se señala que desde la coordinación de Comunicación Social del estado, encabezada primero por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva se implementó un mecanismo para desviar 4 mil millones de pesos, lo cual salió de al menos 12 dependencias.
La manera en la que desviaban los recursos comenzaba desde el área de Comunicación Social, quienes le solicitaban a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación. Esto sin que hubiera ningún tipo de dictamen que acreditara que había el presupuesto suficiente.
Finalmente, dicho dinero terminaba en campañas que era elegidas por Comunicación Social, sin ningún tipo de proceso de adquisición transparente, y sin rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo que violaba múltiples disposiciones legales.
Las autoridades han señalado que cuentan con diferentes pruebas, como cientos de facturas en donde se comprueba que se desviaron recursos de las secretarías de Seguridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado.
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