Una red de tráfico de menores, integrada por funcionarios de Sonora, fue desmantelada después de que una pareja denunció que los acusados les exigían una fuerte suma de dinero para adoptar a un menor.
Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la línea telefónica Protege, adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, fue señalado por cobrar hasta 20 mil dólares por entregar un pequeño en adopción de manera irregular.
De acuerdo con las declaraciones de los afectados, el funcionario operaba con el apoyo de José Hernández López, exdirector jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, quien fungía como intermediario entre la parte oficial y los padres adoptivos.
Ambos hombres solicitaban desde 100 mil hasta 180 mil pesos para dar en adopción a menores, pero si los interesados provenían de Estados Unidos la cuota se elevaba hasta los 20 mil dólares.
Este dinero se entregaba a los “gestores” conforme avanzaba el ficticio trámite de adopción, que podría prolongarse hasta tres meses.
Tras la denuncia, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo, en mayo pasado, a Arzate Carbajal, a quien localizaron en Cancún, Quintana Roo, donde se encontraba de luna de miel acompañado de su esposa Marisol Espinoza, quién también labora en la Fiscalía estatal.
El funcionario confesó en su declaración ministerial que había “intercedido” en la adopción irregular de 13 menores, a quienes las autoridades hasta el momento no han podido localizar.
Fuente: Proceso
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