Jueces federales determinaron que excluir a usuarios viola el derecho a la información
El derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos
En los últimos meses diversos jueces federales de todo el país han ordenado a servidores públicos desbloquear de sus cuentas de Twitter a ciudadanos a quienes tenían excluidos.
Las autoridades aseguran que cuando un funcionario ya sea un alcalde, secretario, fiscal o consejero del INE bloquea a alguien de sus redes sociales, es discriminatorio y limita el derecho de acceso a la información de carácter público que ahí transmite, informó el periódico Excélsior.
“Se vulnera su derecho de acceso a la información de interés público, que documenta en la misma a través de las publicaciones que realiza, que reflejan las actividades llevadas a cabo en ejercicio del puesto público desempeñado”, señalan los jueces.
En octubre de 2017, en una sentencia sin precedentes en México, un juez federal ordenó al alcalde de Nogales, Sonora, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, desbloquear de su cuenta de Twitter a un ciudadano, luego de que este último interpuso un amparo.
En su defensa, el alcalde argumentó ante el juez que su cuenta de Twitter era de uso personal, que no era financiada por el ayuntamiento, pero en la investigación realizada al perfil del funcionario se estableció que la cuenta es utilizada para destacar las tareas del gobierno municipal, por lo tanto tuvo que desbloquear al ciudadano.
Al respecto, el profesor, investigador y especialista en derecho, Juan Jesús Garza Onofre, asegura que el fallo en en análisis es un avance para la protección de los derechos en la era digital, y para reconfigurar las relaciones que generamos entre gobernantes y gobernados, la sentencia también deja interrogantes abiertas.
“Aunque en la misma sentencia se pueda interpretar que lo concluyente para conceder el amparo fue la naturaleza de la información publicada por el alcalde en su cuenta de Twitter, lo cierto es que este tipo de distinciones destellan una forma ingenua de ejercicio profesional donde sólo importará conocer y ceñirse a las reglas que se necesiten aplicar para las cuestiones públicas que se presenten en el día a día, de manera automática, sin entrar a su valoración personal o privada”, declaró.
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Por otro lado, en Veracruz ocurrió algo similar, el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz vulneró el derecho de acceso a la información de Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, periodista y académica, a quien bloqueó en la red social de Twitter, a inicios del mes de septiembre.
El juez Jorge Holder Gómez considera que el derecho de acceso a la información garantiza que todas las personas puedan solicitar información al Estado respecto de los archivos, registros, datos y documentos públicos, siempre que sea solicitada por escrito, de manera pacífica y respetuosa.
“La Constitución también exige que el Estado informe a las personas sobre aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos (información de interés público), sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento por parte de los particulares; y que, no puede dejar de indicarse, es publicada en forma voluntaria en su cuenta personal en la red social Twitter”, reiteró.
Existen otros funcionarios que han sido demandados ante el Poder Judicial de la Federación, tal es el caso de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), como Ciro Murayama quien, para evitar gastos innecesarios en un juicio, desbloqueó de su cuenta de Twitter a John Ackerman.
El titular del INE, Lorenzo Córdova también fue demandado por Ackerman.
Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña también bloqueó al periodista Luis G. Hernández, quien amagó con proceder legalmente si no podía revisar los tuits del legislador. Horas más tarde, fue desbloqueado.
El caso podría ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien podrá decidir en definitiva si el bloqueo a un ciudadano en alguna red social por parte de un servidor público viola los derechos humanos.
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