También se libraron órdenes contra otras 4 personas implicadas
Un juez giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge, quien ya es buscado por la justicia federal.
El examandatario priísta está acusado de haber obtenido terrenos del Estado con costos subvaluados mediante el uso de prestanombres. También por la compra de una compañía de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya.
Según fuentes del Gobierno federal citadas por Reforma, un juez del Estado de México liberó el pasado jueves la orden de captura contra Borge y otras cuatro personas supuestamente relacionadas con el delito de lavado de dinero con base en la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, en poder de la SEIDO.
Aunado al exgobernador, los otros mandatos de captura se levantaron contra Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, excoordinadora jurídica de la misma instancia.
Asimismo, se instruyó detener a María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del exmandatario y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.
De acuerdo con los antecedentes del caso, una de las líneas de investigación corresponde a la venta de 24 inmuebles del gobierno local a un precio equivalente al 6% de su costo real comercial a amigos y personas cercanas a Borge.
Lo anterior corresponde a terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel vendidos entre 2011 y 2014 por el IPAE (durante la administración de Romanillos y Herrera) cuyo costo es de 5 mil millones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR).
Diez de estas propiedades no debían venderse, pues se trataba de reservas naturales; otras cuatro fueron compradas por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador, a quien no se incluyó en las ordenes.
El 24 de febrero, la SEIDO aseguró los bienes, los cuales pasaron a manos del Ministerio Público federal.
Otro delito del que se la acusa Borge y a sus prestanombres es el destinar recursos a la naviera Barcos Caribe, la cual tiene una flota de ferris de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.
La firma es administrada por Pinelo Nieto y González Hermosillo, quienes, según las autoridades, no cuentan con poder económico ni antecedentes en el giro para justificar inversiones de millones de dólares en la adquisición de embarcaciones.
Fuente: Reforma
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