El gobierno federal desembolsará este año 410.5 millones de pesos como parte del convenio para la compra del nuevo avión presidencial –un Boeing 787-8 Dreamliner– que alcanza una velocidad de casi mil kilómetros por hora y es capaz de hacer la ruta Nueva York-Atenas o Tokio-Los Ángeles sin escalas.
La transacción mencionada se pactó en el sexenio de Felipe Calderón, y el costo total de la aeronave, de 7 mil 500 millones de pesos –recursos con los que podrían construirse al menos ocho hospitales como el del IMSS que inauguró el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 22 de abril en Hermosillo, Sonora–, se cubrirá en un periodo de 15 años.
El gobierno de Peña prevé que la entrega final del avión, que se encuentra en proceso de equipamiento en el extranjero, se concrete en el segundo semestre de este año.
De acuerdo con información difundida por el diario El Economista, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de este 2015 se explica que la adquisición de una “Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor” tendrá recursos totales –durante varios ejercicios fiscales– por 6 mil 769 millones 996 mil 885 pesos.
A través del rubro “Programa o proyecto de inversión”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explica que el avión y su equipo tendrán un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión, para este año, por 637.1 millones de pesos y en equipo por 560.7 millones.
“El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp (millones de pesos) en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp”, indica el gobierno de la República.
Sobre las obras para modificar el hangar presidencial, implicarán una inversión de 945 millones 599 mil 450 pesos, ya que se ampliará y modernizará la plataforma presidencial y sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En su versión comercial el avión Dreamliner tiene capacidad para 250 pasajeros, aunque el que estrenará Peña Nieto sólo tendrá 80 asientos, según reveló a la revista Proceso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en una carta enviada en junio pasado:
“De manera inicial se tiene considerado lo siguiente: un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios; un área de trabajo del titular del Ejecutivo federal, que consta de despacho y área de descanso”.
En esa carta de la SCT, en respuesta a un artículo del reportero Álvaro Delgado sobre el costo del nuevo avión, se recordó que fue Felipe Calderón el que contrató con Boing Company la adquisición del avión Boeing 787-8, MSN 40695, a través del titular de Hacienda, José Antonio Meade, actual secretario de Relaciones Exteriores.
“También la administración anterior dejó previsto un posible esquema de financiamiento a pagar en 15 años. En la actualidad se exploran diversas opciones de financiamiento para optar por la que resulte más conveniente para el gobierno de la República, sin que a la fecha se haya determinado alguna”.
En efecto, fue Calderón quien inicio el trámite de compra del nuevo avión presidencial y Peña lo avaló ya como presidente electo.
De acuerdo con el Proyecto Público de Inversión de la Secretaría de Hacienda, dado a conocer en agosto de 2013 por la revista Emeequis y el reportero Rafael Cabrera, en 2012 el gobierno pagó sólo 4.8 millones de pesos, en 2013 otros 70.8 millones y el año pasado 219 millones.
Para 2015 se pagarán 425 millones, y de 2016 a 2027 la cuota anual será de 467.3 millones de pesos, de manera que el pago total del avión, conforme a este esquema financiero, será de 6 mil 308 millones de pesos.
A esta cantidad deben sumarse otros mil 211 millones de pesos por concepto de mantenimiento de la aeronave, lo que da una suma de 7 mil 520 millones de pesos.
Aunque el precio de contado de la aeronave era de mil 667 millones de pesos, su costo final será 350% más caro por el esquema de pagos elegido y se prolongará hasta el año 2027.
Tomado de Proceso
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